El diagnóstico es negativo. México es frágil en materia de política ambiental, de acuerdo con el Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental). El estado peor evaluado es Colima, pero muy de cerca están Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco. Estas entidades están por debajo del promedio de 1.93 puntos (de cuatro posibles) que impera en el resto del país.
La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) elaboró el IGI-Ambiental y encontró que en todo el país impera la impunidad ambiental en niveles medios o muy altos, pero que ningún estado de la República está en pleno cumplimiento de políticas ambientales.
Lo anterior se debe a que México tiene un nivel de impunidad ambiental elevado por su débil capacidad institucional, la degradación actual del medio ambiente, la ausencia de castigo en crímenes ambientales y porque carece de una estrategia intergeneracional que garantice mejores condiciones en el futuro.
No es posible implementar una política ambiental efectiva con capacidades y recursos institucionales tan limitados, tanto a nivel federal como estatal, pero mucho menos será posible hacer frente a las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático”, apuntaron los académicos de la UDLAP.
Además de la mala evaluación del país, los expertos alertaron que la información estadística sobre el sector ambiental es desigual y suele reportarse con inconsistencias o en forma incompleta. “De igual manera, muchas veces no es actualizada oportunamente”, agregaron.
Recientemente el gobierno ha alertado por los alarmantes niveles de sequías en el país. El Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que el 83.92% del territorio nacional padece algún grado de sequía. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que hasta este martes hay 91 incendios activos que han dañado casi 19 mil hectáreas.
La situación ambiental es aún más compleja por las agresiones contra defensores de la tierra y el medio ambiente. Sólo en 2020, un total de 18 activistas fueron asesinados por su labor.