La falta de una adecuada implementación de las leyes y la falta de independencia en las instituciones encargadas del combate a la corrupción colocaron a México en una calificación de 5.51 puntos de una máxima de 10 en cuanto a la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.
Los resultados del estudio elaborado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center for International Justice, sobre los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción en ocho países de la región, ubicaron las políticas públicas de México en la materia como el tercer país peor evaluado del ranking en el que la mejor calificación la obtuvo Chile, con 7.86 puntos.
Argentina, Perú, Brasil y Colombia se ubicaron por encima de México, con evaluaciones de 5.95, 5.86, 5.67, y 5.60, respectivamente, mientras que Panamá y Guatemala, con 3.97 y 3.89 puntos cada uno, fueron los únicos dos países que resultaron con calificaciones menores a las de México.
“A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción”, señala el análisis en el que se destaca que el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción impulsado actualmente por la Secretaría de la Función Pública resulta “insuficiente, y debería operar a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no ser funcional únicamente para el ámbito de aplicación de la SFP”.
Aunado a ello, la evaluación advierte que “las autoridades anticorrupción no tienen la independencia material necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente”, por lo que la calificación en cuanto a la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción es “baja”.
