Por las amenazas de un presunto grupo del Cartel Jalisco Nueva Generación a colegas reporteros de tres medios --y en particular a la conductora Azucena Uresti—se produjeron algunas reacciones legítimas de alerta y solidaridad, pero muchas plagadas de lugares comunes e ignorancia sobre protección a periodistas y alcances gubernamentales.
Lo que sí quedó claro es la necesidad de acelerar el desarrollo de un sistema nacional de protección a periodistas. Y lo que se sabe poco es que el paso más firme en ese sentido fue congelado en el Senado de la República hace ocho meses.
Los temores a que ocurran las agresiones anunciadas mostraron, no solo las insuficiencias del sector público, sino también de las empresas de prensa y en los mismos periodistas para evitar y prevenir más agravios. Las y los senadores tienen que saber de todo esto.
En primer lugar, nadie que esté enterado puede negar que las instancias federales de protección a periodistas sí actúan, pero son insuficientes, sobre todo porque los gobiernos de los estados, las fiscalías y empresas de prensa no cumplen con los mínimos. Veamos…
Mecanismo rebasado
Al Mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas lo desbordaron ya las solicitudes de protección.
Hasta fines de julio de 2021 protegía a 1 mil 478 personas. Un alto porcentaje de ellas tienen amenazas de muerte.
De periodistas, a fines de 2018 tenía incorporados a 256. En dos años y medio recibió a otros 211. Y las solicitudes siguen llegando, sobre todo de las entidades con altos índices de violencia.
Al incorporar con medidas duras urgentes a la conductora Azucena Uresti y a otros colegas de tres medios el número de periodistas que ahora atiende el mecanismo rebasaron los 480.
No obstante, el crecimiento de más del 80 por ciento en las demandas de protección de periodistas, el Mecanismo ha sufrido reducciones presupuestales y ha tenido que solicitar de urgencia ampliaciones.
En 2019 y 2020 pudo ejercer un promedio anual de 390 millones. Para 2021, por la presión de la Secretaría de Hacienda, el Congreso le aprobó 58.7 por ciento menos del promedio de los años anteriores, apenas 227.6 millones de pesos. Tuvo que solicitar una ampliación de 189 millones de pesos.
Por las restricciones presupuestales el Mecanismo federal ha tenido que seguir brindando distintas medidas de protección, casi con el mismo número de personal.
De 2012 a 2019 operaron allí 36 personas. Y hasta 2020 le autorizaron contratar solo a 6 personas más y designar a un Coordinador Ejecutivo. Al terminar 2021, estos 42 operadores tendrán que proteger a más de 1 mil 500 personas. Ya están muy rebasados.
Por datos públicos de Alejandro Encinas, subsecretario de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a la fecha han asesinado a 45 periodistas en diversos estados de la república (7 con protección del Mecanismo federal y de gobiernos estatales). También fueron asesinados 68 personas defensoras de derechos humanos en ese lapso.
Peor la fiscalía federal
De los asesinatos y amenazas de muerte a periodistas debería procurar justicia la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, pero sus propios datos indican que son peores sus insuficiencias.
Su presupuesto en 2014 fue de 39 millones de pesos, para 2018 había bajado a menos de la mitad (fue de casi 18 millones) y sigue reduciéndose. Para 2021 le autorizaron 15 millones,033 mil pesos. A principios del año pasado apenas contaba con 22 fiscales y 15 policías investigadores. No se ha informado aumento de sus recursos humanos.
Por esas y otras razones la FEADLE no ejerce la capacidad de atracción que le facultan los códigos penal federal y de procedimientos penales ni puede avanzar en otros aspectos. Se reporta que entre 2012 y 2018 había investigado 1,077 casos y que menos del 12 por ciento habían resultado en juicio penal. Peor, es que solo cinco derivaron en condenas, entre estos están los casos de Javier Valdez de Sinaloa y de Miroslava Breach de Chihuahua, a los que si dedicó esfuerzos por ser periodistas emblemáticos.
Las limitaciones de la FEADLE y la minusvaloración de las procuradurías de los estados a las agresiones contra periodistas son factores de la impunidad.
Conchudez de gobernadores
Sobre el caso de las amenazas recientes del presunto grupo del CJNG, el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán guardó un silencio contrastante con la oleada de reacciones condenatorias dentro y fuera del país.
Esa dejadez no es única porque caracteriza a casi todos los gobernadores y procuradores estatales.
Desde 2012, que se creó el Mecanismo Federal de Protección, la mayoría de gobernadores han firmado dos convenios con la Segob para proteger a medios y periodistas.
A 9 años de distancia, se ha probado que 19 gobiernos estatales ni siquiera tienen Enlaces con el Mecanismo federal, Unidades o Mecanismos de protección.
Sólo seis estados del país cuentan con unidades (pequeños grupos) o mecanismos de protección: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.
Cuando tienen leyes se aplican muy poco. En 18 estados existen 21 leyes de protección o de auspicio al ejercicio, pero en buena parte de los casos fueron impulsadas por periodistas y organismos no gubernamentales. Quizá por eso se menosprecian.
La más antigua ley estatal fue promulgada en 2012 en Hidalgo por movilización de periodistas y reformada en 2016, pero a la fecha no tiene reglamento ni ha instalado la Comisión Estatal y menos su junta de gobierno.
Los índices de impunidad (delitos no castigados) por casos de periodistas son cercanos al 95 por ciento por ineficacias de las procuradurías estatales que quieren delegar a la fiscalía federal los casos. En 28 estados no han creado fiscalías especializadas para atender delitos contra la libertad de expresión de acuerdo con datos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE)
Abandono a los reporteros modestos
Las amenazas para influir en las coberturas de periodistas por parte de grupos delincuenciales no son nuevas. Nos constan que han ocurrido en Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Coahuila, en Michoacán varias veces y más recientemente en Guerrero; en general son contra los reporteros de medios locales modestos e incluso a corresponsales de medios capitalinos como Milenio, Televisa, El Universal y otros. Y las reacciones de rechazo y solidaridad han sido muy pocas. Esta vez impactó porque el video del presunto CJNG enfocó a la conductora estelar de Multimedios, Milenio.
De las reacciones también quedó claro que las y los reporteros de los estados, en especial los que cobren asuntos de seguridad y justicia, no cuentan con empatía real –solo verbal-- ni medidas de apoyo permanentes ni coyuntural, de gobiernos estatales, ni de la mayoría de empresas grandes de prensa que en lugar de brindar apoyos utilizan escandalosamente su información.
Una constancia de la falta de empatía y solidaridad mínima de las empresas fue que ante las intimidaciones de los delincuentes armados sólo 19 medios firmaron un desplegado de protesta y no se registró ninguna manifestación masiva en las calles en defensa de los periodistas.
Por años se ha propuesto ampliar la mirada cuando se habla de protección a periodistas para que no sean solo con medidas cautelares o policiales sino una estrategia nacional que proporcione fortalezas a las y los periodistas, sobre todo a los más vulnerables que recorren las calles y tienen contacto con todos los actores sociales y políticos. Una estrategia nacional que facilite la coordinación intersecretarial y de justicia federales con los gobiernos de los tres niveles y hasta con las empresas y los periodistas organizados. Esto es, un sistema nacional.
Pero en el Senado se congeló un gran paso
Gran parte de las necesidades de protección a periodistas podrían solventarse si el Senado de la República y la Secretaría de Hacienda eliminaran sus reticencias a las reformas de la ley.
La Cámara de Diputados reformó el 3 de diciembre de 2020 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Allí le garantizaría al Mecanismo federal su presupuesto anual, subiría el nivel de representación de otras secretarías y de la Fiscalía federal en su Junta de Gobierno. Muy importante es que facultaría al Mecanismo y la Secretaría de Gobernación para iniciar procedimientos de sanciones civiles, penales o administrativas a los gobiernos estatales y municipales cuando incumplan los convenios de coordinación para proteger periodistas y defensores.
Y en el artículo 65 se conceden dientes al Mecanismo para escarmentar incumplimientos. Dice: “La Junta de Gobierno dará vista de sus expedientes y actuaciones a las autoridades competentes cuando advierta la probable violación de lo dispuesto en ordenamientos legales diversos, a efecto de que se determinen las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan…”
Pero en el Senado, no quisieron incluir la ley federal reformada ni el coordinador Ricardo Monreal ni los otros diez integrantes de la Junta de Coordinación Política para las plenarias de diciembre de 2020, ni el en siguiente periodo legislativo que terminó en abril. Tampoco ninguna fracción la puso entre sus prioridades de agenda para el periodo que se inicia en septiembre.
Una causa posible de este congelamiento es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se opuso por escrito a que la Cámara de diputados aprobara las reformas a esa ley. Igual podría ser el freno en el Senado porque esas reformas, anotó “conllevan consecuencias jurídico-presupuestarias, ya que se crean nuevas estructuras organizacionales y se amplían las facultades, por lo que para su ejecución se tendrían que destinar recursos adicionales”. (Ver aquí.)
Las senadoras y senadores tienen la palabra para dar el primer paso real hacia un sistema nacional de protección a dos actividades esenciales: de los defensores de derechos humanos y de periodistas.