Ambos, delitos electorales, pero Jaime Rodríguez se encuentra en prisión domiciliaria; mientras Delfina Gómez se alista para abandonar la Secretaría de Educación Pública y preparar su campaña a la gubernatura del Estado de México.
La Justicia alcanzó al “Bronco” el 15 de marzo de 2022; fue acusado de desviar recursos públicos para su campaña presidencial de 2018, más de dos millones 600 mil de pesos, según la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización.
En el caso de Delfina, el castigo fue para Morena: cuatro millones 529 mil pesos, fue la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por retener un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco, del cual era presidenta municipal, y destinarlo al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para la recolección de las llamadas “broncofirmas”, el exgobernador de Nuevo León echó mano no solo de recursos económicos; también utilizó inmobiliaria y personal del gobierno:
alrededor de 650 empleados de 29 dependencias fueron desplazados en apoyo a sus aspiraciones presidenciales.
Entre 2014 y 2015, Delfina Gómez formaba parte de un Grupo de Acción Política de Morena, el cual se dedicaba a la organización de actividades benéficas para la sociedad, aunque se comprobó que no fue así y que el dinero, si bien no impulsó la campaña para la diputación que entonces buscaba la maestra, sí fue a parar a las arcas del partido guinda.
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El “Bronco” está por cumplir cinco meses en proceso judicial por el delito electoral cometido; después de tres cirugías que lo mandaron al hospital, ya no regresó al penal de Cadereyta, está el prisión preventiva y es competencia de un juez federal investigar y sancionar, de ser así, el delito que cometió en 2018.
Mientras tanto, la precandidata a la elección de 2023 en el Edomex, resultó libre de cargos, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considerara que Morena es el único responsable fiscal, al “omitir” en su reporte de ingresos un “esquema paralelo” para financiar sus campañas electorales.
Desvío de recursos públicos y financiamiento ilegal: dos delitos electorales con procesos diferentes y desenlaces aún por definirse, pero sumamente contrastantes. EJ
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