El diputado Pablo Gómez, de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda Oficial, la cual tiene por objeto normar la difusión de propaganda que realizan los entes públicos regulados. De acuerdo al documento subido a la Gaceta Parlamentaria, quedaría prohibido contratar con un solo grupo de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda. Gómez explicó que con su iniciativa se impide la promoción personalizada de servidores públicos, evita el desvío de recursos públicos, protege la equidad en la contienda política, garantiza el respeto a las libertades de expresión y de difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio y el derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente y fidedigna. Asimismo, el diputado de Morena busca impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación, y establece un nuevo modelo de comunicación que impida el uso del poder público en favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular o para promover ambiciones. Por otro lado, Pablo Gómez planteó la creación del Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros poderes de la Unión y en los órganos autónomos federales, en donde, entre otros contenidos, se deberá establecer la propuesta y justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación a utilizar por cada campaña. En cuanto al gasto que se podrá ejercer en propaganda, destaca la limitación anual en publicidad que no podría exceder 0.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Además se pretende que la difusión de propaganda oficial en radio y televisión sólo pueda realizarse por los entes públicos haciendo uso de los tiempos oficiales.En este último aspecto, no se contemplan las carteleras culturales y de espectáculos, campañas de salud, información de prevención civil frente a siniestros u otros casos de emergencia. En materia de distribución de tiempos oficiales se plantea 35% para el Poder Ejecutivo federal; 10% para el Legislativo, tiempos que se distribuyen en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado; 10% para el Poder Judicial de la Federación; 10% para los organismos públicos autónomos federales y 35% para las entidades federativas. Entre otros aspectos, se advierte que los medios de comunicación que no estén debidamente registrados no pueden ser considerados para contratar la difusión de propaganda oficial de la Federación. Con información de Notimex JGH
20 de Mayo de 2024