Con una oración en lengua Tu’nSavi, Florencia Sierra Mendoza de la asociación civil “Savi Yoko” abrió la sesión del primer Tribunal Regional contra los matrimonios forzados de niñas y jóvenes en Guerrero celebrado hace unos días en el zócalo de Tlapa, en la región Montaña.
“Madre tierra te pedimos perdón por todo el daño que te hemos hecho. Danos la sabiduría y te pedimos por la justica de las niñas. Pedimos por los padres para que vaya cambiando esta cultura y estos prejuicios que conservamos algunos pueblos sobre el matrimonio forzado. Así también nos comprometemos a luchar porque llegue el cambio en esta violencia contra las niñas”, expuso.
Simbólicamente en ofrenda, colocaron los derechos de las niñas y jóvenes para que se ejerzan en las comunidades de La Montaña y de todo Guerrero. Este Primer Tribunal no sólo se promulgó en contra de la trata de las menores en esta región, sino en la zona turística de Acapulco.
El dato. En México casi 300 mil niñas y niños se han visto obligados a contraer matrimonio.
Por 50 mil pesos
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, integrada por colectivas de mujeres feministas de los municipios de Tlapa, Chilpancingo, Marquelia, Ayutla y Acapulco, fijó postura en torno a los matrimonios infantiles y forzados como una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
El tribunal tuvo como objetivo visibilizar las diversas formas de violencia que se presentan en las distintas regiones. Ahí mismo, criticaron que “los usos y costumbres en los municipios de la región Montaña y Costa Chica del Estado permiten ponerles precio a las niñas; es decir sus tutores abuelas, abuelos, madres y padres venden a sus hijas, siendo un matrimonio forzado, sin que exista su consentimiento para ello”.
Las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su compra, haciendo labores del hogar, de jornalera y campesina. Una dote en efectivo que va de los cincuenta mil hasta doscientos mil pesos, más otro pago en especie como refrescos, cervezas, cigarros, panes y otros alimentos es la forma de cobrar por ellas.
Señalaron que los matrimonios infantiles y forzados convierten a niñas y adolescentes en madres a muy temprana edad, derivando problemas graves asociados con el embarazo que se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad, al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres obligadas con infancia infeliz y estudios truncados.
El jurado del Tribunal integrado por Adela Muñiz Guadarrama, licenciada en Comunicación Digital, especialista en relaciones políticas y alianzas estratégicas; Eduviges Villegas Pastrana, escritora y traductora mixteca; Soledad Ureiro, activista feminista; Denisse Cansino Castro, fundadora de la asociación civil “Mujeres, voz y rostro de la Montaña”, y Viridiana López Sotelo, experta en derechos sexuales y reproductivos y violencia feminicida, tomó protesta para vigilar que se cumplan las acciones de erradicación de la venta de niñas y adolescentes.
Las historias
En el lugar también se dieron varias lecturas, a través de niñas que dieron voz a las víctimas. El primer testimonio relató que “Petra” a la edad de 14 años en el municipio de Alcozauca, Guerrero, en 2017, fue vendida contra su voluntad a esa edad:
“El señor que me llevó, me compró junto con sus padres. Tuve un hijo producto de la violencia, recibí constantemente golpes y maltrato psicológico. Me hacían trabajar largas jornadas en la casa y el campo. Viví amenazada y aislada. Un día por la madrugada cuando todos dormían, cargué a mi bebé y me lo llevé a la ciudad para buscar ayuda, pero la policía comunitaria por órdenes del comisario que era mi suegro, vinieron por mí y me llevaron a la fuerza. Me golpearon, me amenazaron con colgar a mi familia si volvía a escapar. Me encarcelaron junto con mi bebé de cinco meses. En la cárcel me prohibieron recibir medicamentos, pañales y comida. Yo estaba sangrando por golpes que recibí y mi bebé lloraba de hambre. Volví a escapar con mi bebé y fui localizada a un refugio seguro. Mi caso jurídico lo llevó Ciudad de Mujeres en Tlapa”.
Otro testimonio fue el de Elena de 15 años y de origen tlapaneco, quien contó que en 2016 fue vendida por la cantidad de 50 mil pesos. “Constantemente recibo golpes e insultos por parte de mi comprador y también de sus padres. Temo escapar por miedo a represalias porque no podemos devolver el dinero que pagaron por mí. También vivo con miedo todos los días de que sus golpes me arrebaten la vida, además, no me permiten recibir visitas ni salir. Un día, por los golpes me tuvieron que llevar a la clínica, unas señoras me ayudaron y fui a poner mi denuncia pero el síndico no lo mandó a traer y no procedió mi denuncia”.
Luego “Gloria”, de 17 años, contó su historia a través de la lectura de otra niña. Su caso ocurrió en Tlapa, en 2018, a la edad de 14 años y siendo la hermana mayor de tres hijos y con el abandono de su padre, su madre fue la única que se hizo cargo:
“Un día, cuando llegué de la escuela, mis abuelos estaban recibiendo un dinero que les dio un señor de 38 años, era la cantidad de 80 mil pesos, me obligaron a dejar la escuela para irme con ese señor. Yo lloré mucho porque me hicieron eso. Yo quería seguir estudiando, fui buena alumna y tenía planes. Actualmente tengo una hija de tres años, tuve que dejar todo para fungir como madre y esposa. Vivo con mis suegros y me tienen vigilada constantemente. He intentado suicidarme para dejar de vivir esta situación. Mi hija sufrió una violencia sexual por parte de la familia de mi comprador”.
Y “Dolores” de 56 años actualmente detalló que la violencia que sufrió tuvo lugar en el municipio de Atlamajalcingo del Monte. A los once años fue vendida por su papá, su comprador pagó con terrenos. La violaba, le pegaba cada que él quería. “Viví con mucho miedo de ser asesinada por los golpes. Al día de hoy, tengo hijas e hijos y ellos también sufrieron mucha violencia física por parte de su papá. Ahora el ya falleció. Yo trabajo en el campo para mis hijos. Estoy segura que no quiero que mis hijos compren mujeres ni que mis hijas pasen por lo que yo viví”.
Las exigencias
Un total de 20 testimonios fueron relatados en la voz de las niñas el pasado fin de semana, y posteriormente el Tribunal pronunció la lista de exigencias al gobierno de Guerrero que preside Evelyn Salgado Pineda, entre las que se encuentran el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos; y la integración en el plan nacional estatal de desarrollo de proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de derechos humanos y de género con enfoque intercultural.
Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región montaña del estado y la armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas.
También se pide al gobierno estatal evaluar y monitorear la estrategia presentada el día 10 de noviembre en éste municipio por la propia gobernadora durante su toma de protesta. Y finalmente, que se cumplan las demandas en torno a los derechos de las mujeres que han sido negados y postergados históricamente desde las políticas oficiales.
›En el pódium y resguardadas por las mujeres indígenas, un grupo de niñas pronunció: “las niñas y adolescentes tenemos derecho a un trato de respeto en nuestra familia, a la integridad física y psicológica, vivir tranquilas, a la protección de las costumbres de cualquier comunidad que viole nuestros derechos, las niñas y adolescentes estamos en contra de las tradiciones que anulen o violenten nuestros derechos”.