La deuda que tiene el gobierno de México con al menos 75 mil víctimas de desaparición y desaparición forzada es inconmensurable y el desdén, indiferencia y falta de empatía que el gobierno ha demostrado con sus familiares es alarmante.
Vemos a madres, hermanas, hijas, carcomidas por el dolor y la desesperanza, padres, hermanos, hijos, rotos por la impotencia y la incertidumbre sobre el destino de los suyos, en tanto que cientos de colectivos recorren el país y escarban la tierra con sus uñas, con su palas, en busca de una señal, una pista, una huella que los lleve a encontrar a sus seres queridos. Es una tragedia.
Los familiares han asumido responsabilidades en la búsqueda que le correspondía a los gobiernos de los presidentes de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora el problema está en manos de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá no decepcione.
Se hiela el alma de imaginar a las familias que recorren kilómetros a pie en la más absoluta desolación.
El Comité de la ONU contra Desaparición Forzada (CED en inglés) en sus conclusiones de marzo de 2015 describe “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“El caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en
Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, remarca.
La semana pasada AMLO envió al senado la aceptación de la competencia del CED para comunicaciones individuales, lo que abrirá la puerta a las víctimas para encontrar justicia internacional.
Y a la luz de la magnitud del flagelo en México, destaca la urgencia para que el Senado apruebe la competencia del Comité lo más pronto posible. Es urgente.
“Tenemos la esperanza de que el Senado de la República tramite con celeridad esta ratificación con el fin de que posteriormente pueda depositarse el instrumento de la competencia del CED en la ONU”, me dice Santiago Corcuera quien fue el primer mexicano en ser presidente del Comité que sesiona en Ginebra , Suiza.
“Esto es de suma importancia porque abre una ventana adicional de justicia internacional para las víctimas que antes tenían que acudir a otras instancias, pero la importancia del reconocimiento de la competencia del CED radica en la especialización de este organismo precisamente en materia de desapariciones”, explica.
Corcuera instó al Senado a que ratifique dicha decisión “lo antes posible”, dada la magnitud del problema.
A pesar de que Corcuera es una eminencia en el tema de desaparición, el gobierno de Peña Nieto bloqueó su nombramiento para un segundo mandato al frente del CED, lo que fue visto como un golpe bajo para la extraordinaria labor que Corcuera realizaba al frente del Comité. Así se las gastaban.
Finalmente Luciano Hazan , experto argentino, presidente del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada, me comenta que el Estado mexicano tiene una “deuda alarmante” con las víctimas, y consideró que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se debe llevar a juicio oral y público.
“La información que recibimos de familiares es que el problema de las desapariciones en México no ha terminado, es un fenómeno que continúa”, recalcó.
“Es un problema realmente humanitario”, deploró Hazan quien observó que el número de desaparecidos en México duplica ya a los de la dictadura argentina.
“Tratemos de entender la magnitud del asunto, y es muy, pero muy preocupante. En mi mirada personal, yo creo que México debería apuntar a terminar con la impunidad, porque buena parte del problema es la impunidad. No hay responsables, no sabemos cuántas personas son investigadas, no conocemos sentencias, no sabemos cuántas personas hay en este momento condenadas por desaparición forzada, los casos se cuentan con las manos”, sostiene.
Recuerda que es un “crimen inadmisible”, puesto que no hay ninguna razón para tolerar las desapariciones forzadas, ni el estado de guerra, ni la emergencia, ni el narcotráfico, ni la violencia… “la respuesta tiene que ser diferente’’, señaló.
Además urge que la 4T autorice la visita del CED, pues no les han dado fecha, y “esos también son mensajes que los perpetradores reciben”, añadió Hazan.
“Es decir, que ellos sienten que pueden seguir desapareciendo gente porque no hay consecuencias”, afirma.
Al tiempo que el país se hunde en la impunidad y en un profundo dolor por miles de desapariciones, urge llevar a la justicia a los responsables y ofrecer a las familias algún tipo de certeza sobre el destino de sus seres queridos. Es una deuda que el Estado tiene que pagar #HastaEncontrarles.