El gobierno de México guardó silencio en el Consejo de Derechos Humanos y se negó a condenar crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro denunciados en un informe de la ONU. Es lamentable.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el Grupo de Lima con apoyo de varios países de la región y de la Unión Europea sometió un texto en donde pide extender el mandato de la Misión de la ONU para establecer los hechos sobre graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro.
México tuvo la oportunidad de mandar un mensaje claro y en bloque con los países de América Latina que son miembros del Consejo sobre la cero tolerancia para estos crímenes que además de no prescribir son considerados como las peores violaciones a los derechos humanos ya que son cometidas por el Estado.
La 4T prefirió abstenerse. Es vergonzoso.
A favor votaron 22 Estados, entre ellos Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, es decir todos los miembros del Consejo de América Latina, excepto México que se alineó con Venezuela. No sorprende.
El texto expresa profunda
alarma porque
la
misión
internacional
independiente
de determinación de los hechos encontró motivos razonables para creer que, desde 2014, en Venezuela
se
han
cometido
los
siguientes
crímenes
de
lesa humanidad:
asesinato,
encarcelamiento
y
otras
privaciones
graves
de
la
libertad
física, tortura,
violencia sexual,
desaparición forzada
de
personas y otros
actos
inhumanos.
Subraya “gran preocupación ante la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela, marcada
por
un
cuadro
persistente
de violaciones que afectan
de
forma directa
e
indirecta
a
todos
los
derechos
humanos —civiles,
políticos,
económicos,
sociales y
culturales—en
el contexto
de
la actual
crisis política,
económica, social
y
humanitaria”.
Además, “expresa su alarma por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y las repercusiones en el acceso a la justicia en el caso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y en lo que se refiere a la supervisión del proceso electoral en Venezuela”.
Recalca que más
de
5 millones
de
personas
se
han visto
obligadas
a
abandonar su país y que según
la
Oficina
de Coordinación
de
Asuntos Humanitarios de la ONU
se estima que
7 millones
de
personas necesitan
asistencia
humanitaria
debido
al agravamiento de la crisis política y económica dentro del país.
Detalla que con arreglo a una evaluación alimentaria del
Programa
Mundial
de
Alimentos, “uno
de
cada tres
venezolanos
carece
de
seguridad alimentaria y necesita asistencia”.
Lamenta que la crisis actual sigue teniendo efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, las personas de edad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, y que esos efectos se hayan visto agravados en mayor medida por la pandemia de Covid-19, “así como por las medidas adoptadas por las autoridades para hacerle frente”.
Por otra parte, la resolución afirma que “solo
puede
haber
una
solución
pacífica
y democrática
a
la
crisis
actual en el país y que esa solución incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia, y requiere la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, limpias, transparentes y creíbles, de conformidad con las normas internacionales”.
Expresa profunda preocupación por
la
situación
de
los derechos
humanos y el
medio ambiente en la
región del Arco Minero del
Orinoco, en donde existe explotación laboral
de
los mineros,
así
como
trabajo
infantil, trata
de
seres humanos
y
prostitución forzada, y expresa especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas de la región.
Decide transmitir todos
los
informes
e
informaciones verbales actualizadas de
la
Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre
la
situación
de
los derechos
humanos
en Venezuela
y
el informe
de
la misión de investigación a
la
Asamblea General,
y a otros órganos como pudiera ser la Corte Penal Internacional para que
adopten
las
medidas que correspondan.
A grandes rasgos este es el texto que México se negó a avalar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es así como la diplomacia mexicana se aísla y se hunde ante los ojos de la comunidad internacional por su falta de compromiso para rechazar posibles crímenes de lesa humanidad que siguen ocurriendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Es imperdonable.