Gabriela Sotomayor

El gobierno de México guardó silencio en el Consejo de Derechos Humanos y se negó a condenar crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro denunciados en un informe de la ONU. Es lamentable.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el Grupo de Lima con apoyo de varios países de la región y de la Unión Europea sometió un texto en donde pide extender el mandato de la Misión de la ONU para establecer los hechos sobre graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro.

México tuvo la oportunidad de mandar un mensaje claro y en bloque con los países de América Latina que son miembros del Consejo sobre la cero tolerancia para estos crímenes que además de no prescribir son considerados como las peores violaciones a los derechos humanos ya que son cometidas por el Estado.

La 4T prefirió abstenerse. Es vergonzoso.

A favor votaron 22 Estados, entre ellos Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, es decir todos los miembros del Consejo de América Latina, excepto México que se alineó con Venezuela. No sorprende.

El texto expresa profunda  alarma porque  la  misión  internacional  independiente  de determinación de los hechos encontró motivos razonables para creer que, desde 2014, en Venezuela  se  han  cometido  los  siguientes  crímenes  de  lesa humanidad:  asesinato,  encarcelamiento  y  otras  privaciones  graves  de  la  libertad  física, tortura,  violencia sexual,  desaparición  forzada  de  personas  y otros   actos   inhumanos.

Subraya “gran preocupación ante la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela, marcada   por   un   cuadro   persistente   de violaciones  que  afectan  de  forma  directa  e  indirecta  a  todos  los  derechos  humanos —civiles,  políticos,  económicos,  sociales y  culturales—en  el  contexto  de  la  actual  crisis política,  económica,  social  y  humanitaria”.

Además, “expresa su alarma por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y las repercusiones en el acceso a la justicia en el caso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y en lo que se refiere a la supervisión del proceso electoral en Venezuela”.

Recalca que más  de  5  millones  de  personas  se  han visto   obligadas   a   abandonar su país y que según  la  Oficina   de Coordinación  de  Asuntos  Humanitarios de la ONU  se estima que  7  millones  de  personas  necesitan  asistencia  humanitaria  debido  al agravamiento de la crisis política y económica dentro del país.

Detalla que con arreglo a una evaluación alimentaria del  Programa  Mundial  de  Alimentos,  “uno  de  cada  tres  venezolanos  carece  de  seguridad alimentaria y necesita asistencia”.

Lamenta que la crisis  actual  sigue teniendo efectos desproporcionados  en  los  derechos  de  las  mujeres  y  los  niños,  los  pueblos  indígenas,  las personas  de  edad  y  otros  grupos  en  situación  de  vulnerabilidad,  y que  esos efectos  se hayan  visto  agravados  en  mayor medida  por  la  pandemia  de  Covid-19,  “así como  por las medidas adoptadas por las autoridades para hacerle frente”.

Por otra parte, la resolución afirma que “solo  puede  haber  una  solución  pacífica  y democrática  a  la  crisis  actual en el país y que  esa solución incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia, y requiere la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, limpias, transparentes y creíbles, de conformidad con las normas internacionales”.

Expresa  profunda preocupación por  la  situación  de  los  derechos  humanos y el  medio ambiente en la  región del Arco Minero del  Orinoco, en donde existe  explotación laboral  de  los  mineros,  así  como  trabajo  infantil,  trata  de  seres  humanos  y  prostitución forzada, y expresa especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

Decide transmitir  todos  los  informes  e  informaciones  verbales  actualizadas de  la  Alta  Comisionada Michelle Bachelet  sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  Venezuela  y  el  informe  de  la  misión de investigación a  la  Asamblea  General,  y a otros órganos como pudiera ser la Corte Penal Internacional para que  adopten  las  medidas  que correspondan.

A grandes rasgos este es el texto que México se negó a avalar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es así como la diplomacia mexicana se aísla y se hunde ante los ojos de la comunidad internacional por su falta de compromiso para rechazar posibles crímenes de lesa humanidad que siguen ocurriendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Es imperdonable.

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