Comunidades en Oaxaca denuncian despojo de tierras y privatización de playas

En los últimos días, 14 organizaciones sociales se unieron en el Primer Foro por la Defensa del Territorio y Derechos Agrarios de la Costa Oaxaqueña, celebrado en Playa Salchi, San Pedro Pochutla, para denunciar el avance de megaproyectos turísticos, la violencia contra defensores y la complicidad de autoridades.

En el encuentro, las comunidades rechazaron el discurso de desarrollo que beneficia sólo a élites, mientras destruye su modo de vida. “El capitalismo convierte nuestras playas en mercancía para turismo de lujo, expulsándonos y borrando nuestra historia”, denunciaron.

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Entre sus denuncias principales se encuentran la privatización de playas y tierras comunales por empresarios y políticos, a los que han denominado el “cártel del despojo”, y que señalan, operan con impunidad. También la criminalización y violencia contra defensores, como el asesinato impune de Abraham Hernández hace siete años, y las amenazas a pobladores de Playa El Coyote y El Coyul.

Megaproyectos

La construcción de megaproyectos que destruyen manglares y reservas fue otra de las denuncias, en las que mencionaron el caso reciente de Miguel Sánchez Hernández, cuyo terreno fue invadido por hombres armados para construir un complejo turístico, así como la omisión estatal por parte de autoridades agrarias y fiscales, que facilitan ventas ilegales de tierras y persiguen judicialmente a líderes comunitarios.

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En este sentido, las comunidades anunciaron diversas acciones de resistencia, entre las que se incluye la conformación de una articulación regional para frenar el despojo, la cual contempla justicia por los crímenes contra defensores, cancelación de proyectos inmobiliarios en zonas sagradas y de alto valor ecológico, y la solidaridad nacional e internacional.

Entre otras acciones que realizarán próximamente, anunciaron la realización del Encuentro Nacional contra la Gentrificación en Oaxaca, con el objetivo de fortalecer redes de resistencia. “La defensa de la tierra no es delito: es un derecho y un deber”, señalaron en su comunicado.

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De acuerdo con los asistentes al foro, algunos de los casos más emblemáticos son el de Playa San Agustín y El Coyote, en Huatulco, en el que Ernesto Chávez, Oralia Ramírez y otros pobladores enfrentan procesos judiciales falsos impulsados por el empresario Israel Carreño desde hace más de un año, y el territorio de la Sociedad Agrícola Ganadera, El Coyul, cuando 21 defensores fueron criminalizados por oponerse al despojo de Alfredo Mena Alonso, quien usa una sociedad agrícola de nombre Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo, la cual calificaron de fraudulenta.

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