Condenan a José Luis Moya Moya por lavado de dinero tras aceptar su responsabilidad

5 de Mayo de 2026

Condenan a José Luis Moya Moya por lavado de dinero tras aceptar su responsabilidad

La condena a José Luis Moya revela un esquema de triangulación y presunta extorsión bajo la fachada de combate a la corrupción

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José Luis Moya Moya fue condenado por lavado de dinero tras aceptar su responsabilidad en un procedimiento abreviado

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Foto: Especial

José Luis Moya Moya fue condenado por lavado de dinero tras aceptar su responsabilidad en un procedimiento abreviado
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Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria contra José Luis Moya Moya, quien se autonombraba asesor en transparencia y combate a la corrupción, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de acogerse a un procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad penal.

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Como parte del fallo, se le impuso una pena de tres años nueve meses de prisión, además de una multa equivalente a 750 días. No obstante, el juzgador le concedió el sustitutivo de la pena, por lo que podrá cumplir la sanción mediante tratamiento en libertad.

De acuerdo con la resolución del órgano jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la sentencia deriva de una audiencia celebrada el 18 de marzo de 2026, en la que el imputado, quien se encontraba bajo prisión preventiva justificada, reconoció los hechos imputados por el Ministerio Público. Aun con el beneficio concedido en esta causa, el sentenciado cuenta con diversos procesos penales en curso que lo mantienen en prisión, señalaron fuentes del poder judicial.

En el apartado de movimientos financieros documentados, el tribunal estableció que entre el 21 de marzo de 2018 y el 3 de mayo de 2023 se realizaron múltiples operaciones bajo un esquema de triangulación, acumulando un total de 1 millón 750 mil 770 pesos.

A estos movimientos se suman depósitos registrados entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022 por 326 mil pesos en una cuenta a nombre de su madre, recursos que posteriormente eran transferidos total o parcialmente a cuentas personales de José Luis Moya Moya.

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Asimismo, la autoridad judicial indicó que el acusado no contaba con registros laborales ni presentó declaraciones patrimoniales entre 2018 y 2024. Durante ese mismo periodo, recibió al menos 36 depósitos en su cuenta personal por más de 2.26 millones de pesos, bajo conceptos que aparentaban ser pagos de renta, sin que se acreditara la existencia de propiedades o actividades económicas que justificaran dichos ingresos.

El expediente señala que Moya Moya fue vinculado a proceso el 25 de octubre de 2024 y que, durante la audiencia intermedia, renunció a su derecho a un juicio oral, aceptando tanto los hechos como la acusación en su contra, lo que permitió la aplicación del procedimiento abreviado.

El juez determinó que existían elementos suficientes para acreditar la tipicidad del delito y precisó que, debido a la aceptación de responsabilidad, no fue necesario realizar una valoración exhaustiva de pruebas, limitándose a verificar la legalidad de los datos presentados.

La investigación se originó tras una denuncia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, al detectarse posibles conductas ilícitas relacionadas con la obtención de recursos económicos y uso de información.

De acuerdo con la resolución, el sentenciado habría realizado actos de extorsión a empresarios mediante el uso de identidades falsas y la gestión de solicitudes de información a través del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), obteniendo ingresos ilícitos.

La sentencia concluye que estos hechos configuran el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al acreditarse tanto el origen ilegal del dinero como las maniobras para ocultarlo, dentro de la causa penal 007/1541/2024.

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En los últimos 15 años, José Luis Moyá Moyá se presentó como asesor en transparencia y combate a la corrupción, presumiendo incluso récords en solicitudes de información y recursos de revisión; sin embargo, trascendió que habría utilizado dichos mecanismos para lucrar, obtener beneficios personales o extorsionar.