Coparmex alerta extorsión empresarial y pone foco en autoridades de Nuevo León
El conflicto entre empresarios y autoridades de Nuevo León sumó nuevos episodios tras denuncias de inspecciones ilegales, cobros indebidos y presunta “extorsión institucional”
Cámaras empresariales alertaron sobre discrecionalidad en inspecciones y trámites aplicados por autoridades
/Foto: Especial
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la extorsión contra empresas mantiene niveles elevados en el país y señaló que, en diversos casos, autoridades o personas que se hacen pasar por funcionarios participan en prácticas de presión, cobros indebidos y amenazas contra negocios.
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Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que el delito “está desbordado” y sostuvo que, en algunos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.
El organismo empresarial estimó que este delito genera pérdidas por 15 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB). “Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, declaró Sierra al presentar cifras del primer trimestre de 2026.
Según los datos difundidos por Coparmex, entre enero y marzo de este año se contabilizaron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, con un promedio diario de 32.4 casos. Aunque el indicador mostró una reducción de 3.73% respecto al mismo periodo de 2025, la organización indicó que se trata del segundo nivel más alto registrado en los últimos 11 años.
La confederación añadió que 97% de los casos no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación. Del total de incidentes reportados, 68% corresponde a llamadas telefónicas y 31.2% a otras modalidades, entre ellas cobro de piso. Además, 37% de las empresas afiliadas que reportaron afectaciones señalaron que el cobro involucró a autoridades o supuestos funcionarios públicos.
Empresarios de Nuevo León reportan inspecciones y cierres
Las declaraciones de Coparmex ocurren en medio de señalamientos de organismos empresariales en Nuevo León sobre presuntas presiones administrativas, inspecciones y auditorías aplicadas por autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador Samuel García.
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La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna, informó recientemente que tres de cada 10 empresas afiliadas reportaron inspecciones ilegales por parte de autoridades de distintos niveles de gobierno.
De acuerdo con Caintra, dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud realizan revisiones similares sobre un mismo establecimiento. El organismo sostuvo que esta situación genera duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión.
Ante este escenario, la cámara industrial anunció que impulsará una Ley de Procedimientos Administrativos con el objetivo de homologar criterios de inspección y reducir espacios de interpretación discrecional entre empresas y funcionarios.
Canaco y caso Matrimar elevan tensión
Las inconformidades también se expusieron durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de Canaco Monterrey, realizada los días 20 y 21 de marzo.
En ese encuentro, el presidente del organismo, Jaime Herrera Casso, señaló que existe una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión contra negocios.
“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente empresarial.
Las denuncias coinciden además con el conflicto entre el gobierno estatal y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo. Desde 2025, la compañía ha denunciado presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022.
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El caso tomó mayor relevancia tras la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa. Posteriormente, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación ante la presunta participación de funcionarios estatales.
El Gobierno de Nuevo León rechazó las acusaciones y sostuvo que las acciones emprendidas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.
