Empresarios alertan por cierres, multas y extorsión en Nuevo León, ¿qué ocurre con el caso Matrimar?

Organismos empresariales de Nuevo León han expuesto en semanas recientes una serie de señalamientos sobre presuntos abusos administrativos, cobros indebidos y obstáculos regulatorios atribuidos a autoridades de distintos niveles. Las denuncias surgen en paralelo al conflicto entre el gobierno estatal y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), que mantiene litigios abiertos tras clausuras e inspecciones.

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Reclamos empresariales por trámites y sanciones

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey reportó que diversos negocios enfrentan retención de permisos, multas y cierres administrativos que afectan su operación. Durante la toma de protesta de su Consejo Directivo 2026-2027, su presidente, Jaime Herrera Casso, indicó que existe una “creciente queja” en el sector por prácticas atribuidas a funcionarios.

En ese contexto, señaló que servidores públicos “se valen del coto de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, trámite o pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”. El organismo solicitó a autoridades estatales y municipales establecer mecanismos de atención y diálogo.

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A estos señalamientos se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Nuevo León. Su presidente, Roberto Cantú Alanís, planteó ante autoridades estatales la existencia de prácticas que calificó como extorsión poco visible, mediante solicitudes de pagos indebidos, obstrucciones y cobros ilegítimos. Las declaraciones se realizaron en presencia del gobernador Samuel García, quien destacó avances en materia de seguridad e inversión sin referirse de forma directa a las acusaciones.

Disputa legal y acusaciones en el caso Matrimar

El contexto de estas denuncias coincide con el conflicto entre el Ejecutivo estatal y Matrimar, empresa extractiva ubicada en Cerralvo. Desde 2025, la compañía enfrenta inspecciones, auditorías y clausuras relacionadas con el impuesto ambiental vigente desde 2022, que grava emisiones contaminantes, descargas y extracción de materiales pétreos.

La empresa sostiene que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales con base en documentos de la Tesorería estatal y ha obtenido suspensiones judiciales federales para evitar cierres. Por su parte, autoridades estatales han señalado la existencia de adeudos millonarios por contribuciones ambientales.

El caso adquirió dimensión nacional tras la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” a cambio de facilitar la operación de la empresa. Esto derivó en denuncias por presunta extorsión y en un exhorto del Congreso local para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

Matrimar ha señalado afectaciones a alrededor de 500 familias que dependen de su actividad y ha calificado las acciones como acoso institucional. El gobierno estatal ha rechazado estas afirmaciones y ha reiterado que las medidas responden al cumplimiento de la legislación ambiental.

Las inconformidades también alcanzan a otros sectores. En enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció cobros indebidos por parte de agentes de tránsito y operadores de grúas en municipios del área metropolitana. Entre los casos expuestos se encuentra la exigencia de 20 mil pesos para liberar un tráiler retenido, cuyo traslado a un corralón generó daños y pérdidas superiores al millón de pesos.

En paralelo, más de 60 cámaras empresariales expresaron en diciembre de 2025 su rechazo a propuestas de incremento al Impuesto Sobre Nómina y otros gravámenes del Paquete Fiscal 2026. Los organismos advirtieron posibles efectos en empleo, inversión y competitividad, además de señalar incertidumbre jurídica ante disputas entre autoridades y empresas, en un contexto en el que Nuevo León será sede del Mundial de la FIFA 2026.

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El gobierno estatal ha reiterado su compromiso con la legalidad y el desarrollo económico. Por su parte, los organismos empresariales han insistido en la necesidad de simplificar trámites, garantizar condiciones equitativas y atender las denuncias planteadas. El desarrollo del caso Matrimar y de los reclamos asociados permanece en curso.