Denuncian al Gobierno de México por traición a la patria tras entrega de 92 personas a Estados Unidos

En enero de 2026, familiares de tres de las 92 personas entregadas a autoridades estadounidenses entre febrero de 2025 y esa fecha, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional por los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos. Los denunciantes sostienen que estos traslados se realizaron sin un procedimiento de extradición en trámite ni una solicitud formal de la autoridad extranjera.

Los afectados, representados por sus abogados, declararon en conferencia de prensa que esta práctica constituye una vulneración al marco constitucional y legal mexicano, así como a los tratados internacionales. Señalaron que los traslados se efectuaron sin un mandato judicial que los autorizara, equiparándolos a un “destierro”, figura expresamente prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Qué es y en qué consiste el delito de traición a la patria en México

El delito de traición a la patria está tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal. Se configura cuando un mexicano, en tiempos de paz o de guerra, comete actos en contra de la nación que beneficien a un país extranjero. Específicamente, el artículo señala que incurre en traición quien, entre otros supuestos, “declare la guerra a la Nación, se ponga a las órdenes de un Estado extranjero, facilite su invasión o permita la ocupación de territorio nacional”.

La pena prevista puede llegar a los sesenta años de prisión. Para que se configure este delito, se requiere que el servidor público actúe con la intención específica de causar un perjuicio a la soberanía o integridad de México en beneficio de otra nación, un elemento subjetivo clave que debe ser probado en el proceso penal.

Los argumentos de la denuncia por entrega de reos a Estados Unidos

Los denunciantes y sus representantes legales detallaron los fundamentos de su acusación. Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías (‘el Z-27'), afirmó que el envío de su familiar se realizó al margen del debido proceso, violando garantías fundamentales como la seguridad jurídica y el derecho a una defensa adecuada.

Señaló que la presidenta Sheinbaum ha reconocido públicamente que estas entregas responden a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente a peticiones del Departamento de Justicia, cuyos términos y fundamentos jurídicos no han sido transparentados. Hugo Dionisio Guadalupe, abogado de Daniel Menera Sierra, e Itiel Palacios García, entregado en febrero de 2025, completan el grupo de demandantes. Sus abogados enfatizaron que este caso forma parte de una práctica sistemática que ha afectado a 92 personas, trasladadas bajo una figura no prevista en la legislación mexicana.

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Qué funcionarios están señalados en la denuncia penal

La denuncia penal presentada por los familiares de los presuntos criminales extraditados a Estados Unidos ante la FGR lista a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional como posibles responsables. La lista de funcionarios señalados incluye a:

• La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como titular del Consejo.
• La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
• El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.
• El secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo.
• El secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
• El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
• El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.
• La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
• El director general del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán Barocio.

Los litigantes consideran que estos hechos establecen un precedente grave en la relación bilateral México-Estados Unidos, al implicar, según su perspectiva, una subordinación de decisiones soberanas a intereses extranjeros sin respetar los mecanismos formales de cooperación internacional. Advirtieron que esta práctica vulnera de manera explícita los derechos humanos y civiles de las personas trasladadas y no descartaron recurrir a instancias de justicia internacional para escalar el caso. DJ

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