Diputados aprueba ley contra la extorsión: qué cambia y cómo te afectará

En México, la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y al comercio, pues implica amenazas, cobro de “derecho de piso” y secuestros exprés. Durante años, la legislación federal tenía penas desordenadas y distintos criterios según el estado, lo que dificultaba su persecución y dejaba vacíos legales.

Para unificar criterios y endurecer sanciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión, que establece penas claras y mecanismos para perseguir este delito de forma más efectiva. La votación se realizó el 28 de octubre de 2025 y contó con aprobación casi unánime en lo general.

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Qué cambios trae la nueva Ley General contra la Extorsión

Esta ley establece reglas claras para todos los casos de extorsión en el país. Los cambios principales son:

• Tipo penal básico: ahora la extorsión se sanciona con prisión de 6 a 15 años, y puede aumentar según 34 agravantes, como violencia, uso de armas o amenazas a familiares.
• Prisión preventiva automática: cualquier persona acusada de extorsión puede ser detenida mientras se investiga el caso, evitando que el delito continúe.
• Investigación de oficio: las autoridades pueden iniciar procesos sin que la víctima presente denuncia, fortaleciendo la persecución del delito.
• Denuncias anónimas: los ciudadanos pueden reportar extorsión al número 089 sin identificarse.
• Uso de bienes decomisados: los recursos obtenidos a través del delito se usarán para reparar el daño a las víctimas.

En pocas palabras, la ley busca que nadie quede impune y que el Estado tenga herramientas claras para frenar la extorsión antes de que cause más daño.

Cómo afecta la ley a policías y funcionarios públicos

Uno de los debates más importantes fue sobre los funcionarios que no denuncian la extorsión. Antes, la propuesta era que policías, jueces, agentes del Ministerio Público y directivos de penales cómplices recibieran 10 a 20 años de prisión.

1. Después de los ajustes aprobados, sus penas quedaron en 5 a 12 años, argumentando que la omisión no es igual a la comisión del delito.
2. Si un funcionario comete extorsión directamente, se le aplicará una pena especial de hasta 25 años, sin beneficios como libertad anticipada o prisión domiciliaria.
3. Esto incluye situaciones donde se aproveche de su cargo para exigir dinero o proteger extorsionadores.

Este cambio busca equilibrar la proporcionalidad: quien omite denunciar no recibe la misma sanción que quien comete el delito, pero quienes lo cometen como funcionarios no podrán evadir la justicia.

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Qué significa la ley para los ciudadanos y empresas

La ley no solo afecta a delincuentes o funcionarios; también tiene impactos directos en la ciudadanía:

• Permite que las denuncias anónimas sean tomadas en cuenta, aumentando la seguridad para quienes temen represalias.
• Facilita que los delitos de extorsión se investiguen de inmediato, reduciendo el tiempo de impunidad.
• Establece que los bienes obtenidos por extorsión financien la reparación del daño a las víctimas, como apoyo económico o indemnizaciones.
• Bloquea las comunicaciones dentro de prisiones para evitar que los reclusos extorsionen a distancia.

Además, los ciudadanos podrán ver una mayor coordinación entre autoridades federales y estatales, ya que la ley unifica criterios y crea un tipo penal único en todo el país, evitando confusiones legales y vacíos jurídicos.

Con la aprobación de la Ley General contra la Extorsión, México cuenta con un marco más claro y efectivo para combatir este delito. La ley define penas específicas, mecanismos de investigación de oficio y procedimientos para proteger a las víctimas, al tiempo que establece sanciones proporcionales para funcionarios que omitan denunciar.

La norma ahora pasará al Senado para su revisión final, y su implementación promete fortalecer la persecución de la extorsión en todo el país, proteger a ciudadanos y limitar que el dinero de este delito llegue a redes criminales. DJ

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