Empresarios acusan vigilancia desigual tras siniestro en Simeprode

El incendio ocurrido recientemente en la planta de tratamiento de residuos de Simeprode, ubicada en Salinas Victoria, Nuevo León, habría sido consecuencia de fallas en la supervisión y mantenimiento de una de las instalaciones públicas más relevantes en materia ambiental del estado.

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Empresarios de diversos sectores, que pidieron mantener el anonimato, señalaron que mientras la Secretaría de Medio Ambiente endurece las inspecciones y clausuras por infracciones menores, se ha descuidado la operación y seguridad de espacios bajo responsabilidad del propio gobierno, como Simeprode.

De acuerdo con los representantes consultados, la dependencia estatal encabezada por Raúl Lozano Caballero ha sostenido una política de fiscalización severa hacia el sector privado, en especial contra compañías dedicadas a la construcción, las mineras, la metalurgia y el reciclaje.

De acuerdo con reportes oficiales, el incendio comenzó alrededor de las cinco de la mañana del miércoles 29 de octubre en el interior del complejo de Simeprode, ubicado en el kilómetro 10.5 de la Carretera a Colombia. Cuerpos de Bomberos y Protección Civil estatal y municipal se movilizaron para contener el fuego que consumía montones de basura y desechos industriales.

Aunque las autoridades afirmaron que no hubo personas lesionadas y que el siniestro fue controlado, las causas siguen sin esclarecerse. El director estatal de Protección Civil, Erik Cavazos Cavazos, señaló que aún no se descarta un posible origen provocado, pero admitió que el personal y los recursos son limitados para mantener una vigilancia constante en las instalaciones.

“Nos clausuran por cuestiones administrativas o diferencias mínimas en permisos, pero en el propio gobierno se permiten incendios por falta de supervisión. Es un doble discurso”, comentó un empresario del ramo de la construcción. Otro representante de una empresa extractiva afirmó que las visitas de la Policía Ambiental se han convertido en una herramienta de presión económica, afectando la productividad del sector. “Ya ni se trata de cuidar el medio ambiente, sino de encontrar algo para multarnos. Pero si pasa algo en sus instalaciones, nadie asume responsabilidad”, denunció.

Habitantes de colonias cercanas como Villas del Arco y Huertas de San Mario reportaron que, pese a las declaraciones oficiales que aseguraban que no había riesgo para la población, el humo del incendio alcanzó zonas habitacionales. “Durante la madrugada se veía el fuego desde lejos y olía muy fuerte, como plástico quemado. Nadie vino a informarnos ni a decirnos qué precauciones tomar”, relató una vecina afectada.

Los testimonios coinciden en que no hubo presencia de brigadas informativas ni equipos de monitoreo ambiental durante ni después del siniestro, lo que incrementó la incertidumbre entre la población.

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Fuentes internas de Simeprode señalaron que en los últimos meses se han reducido presupuestos operativos y personal técnico, lo que ha limitado los trabajos preventivos contra incendios y el mantenimiento de equipos críticos.

Expertos en gestión ambiental consultados coinciden en que la falta de inversión en sensores de temperatura, control de gases y sistemas de detección temprana aumenta significativamente el riesgo de siniestros en plantas de residuos sólidos.

Además, sostienen que la administración estatal ha priorizado proyectos de infraestructura relacionados con el Mundial 2026, como la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, lo que ha desplazado recursos originalmente destinados al fortalecimiento ambiental y la supervisión de sitios de manejo de desechos. “Las prisas por entregar obras viales y deportivas han desplazado los presupuestos para la gestión ambiental. No se trata de falta de conocimiento, sino de prioridades políticas”, explicó un especialista universitario en políticas públicas ambientales.

La situación plantea cuestionamientos sobre la política ambiental del gobernador Samuel García Sepúlveda, quien ha defendido la actuación de su administración en materia ecológica. Sin embargo, el incendio en Simeprode pone en duda la capacidad de respuesta del Estado ante riesgos ambientales derivados de su propia operación.

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Mientras las autoridades presumen mano dura contra la iniciativa privada, la falta de prevención, mantenimiento y planeación en instalaciones estatales muestra un panorama de desequilibrio y contradicciones. El caso Simeprode podría convertirse en un punto de inflexión para revisar si el Gobierno de Nuevo León realmente aplica las mismas normas y estándares de exigencia a sí mismo que a los demás.