Estafa Maestra: Tribunal frena proceso contra exsubsecretario de Sedatu por falta de pruebas de la FGR
La investigación de La Estafa Maestra documentó un esquema mediante el cual dependencias federales utilizaron convenios con universidades públicas para contratar servicios con otros fines.
La Estafa Maestra no fue una sola operación ni un único contrato. Las investigaciones abarcaron múltiples dependencias, universidades, funcionarios, convenios y empresas.
/Foto: Gemini- Eje Central
La Estafa Maestra volvió a los tribunales por una razón distinta a los millonarios convenios que dieron nombre al caso: esta vez, el debate se concentró en si la Fiscalía General de la República (FGR) podía demostrar que Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, fue realmente quien firmó uno de los documentos que originaron la acusación en su contra.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió por unanimidad que no había elementos suficientes para sostener su vinculación a proceso en una de las causas derivadas del caso.
El expediente estaba relacionado con un convenio entre la entonces Sedatu y la Universidad Autónoma Indígena de México, hoy Universidad Intercultural de Sinaloa, por el que se canalizaron más de 106 millones de pesos.
ES DE INTERÉS: Estafa Maestra
La decisión no significa que el tribunal haya declarado inexistente el convenio ni que haya determinado que no hubo irregularidades en el manejo de los recursos. El punto central fue otro: la FGR no logró acreditar que González Tiburcio hubiera firmado el documento que le atribuía.
Estafa Maestra: la firma que la FGR no pudo acreditar
La acusación contra González Tiburcio tenía como uno de sus elementos principales un convenio general de colaboración firmado entre la Sedatu y la Universidad Autónoma Indígena de México en enero de 2016.
Posteriormente se suscribió un convenio específico mediante el cual fueron transferidos 106 millones 838 mil 900 pesos para trabajos relacionados con un diagnóstico sobre las necesidades de mujeres en Guerrero.
La FGR sostenía que González Tiburcio había intervenido indebidamente en la operación.
Sin embargo, la defensa presentó un peritaje en grafoscopía que concluyó que la firma plasmada en el documento no correspondía al exsubsecretario.
El problema para la Fiscalía fue que no presentó un análisis pericial propio que permitiera controvertir esa conclusión, pese a haber tenido oportunidad de hacerlo.
El tribunal consideró que, bajo esas circunstancias, no existía un dato de prueba suficiente para establecer que González Tiburcio había suscrito el convenio.
¿Por qué el Tribunal frenó el proceso contra Enrique González Tiburcio?
La resolución judicial no giró únicamente alrededor de si hubo o no un convenio irregular.
Los magistrados distinguieron entre dos hechos: la existencia del documento y la responsabilidad concreta del exfuncionario.
Que el convenio existiera y que involucrara recursos públicos no demostraba por sí mismo que González Tiburcio hubiera sido quien lo firmó.
Ese fue uno de los puntos decisivos para la resolución.
El tribunal también tomó en cuenta que la Fiscalía no explicó de manera suficiente qué datos tenía para sostener que la rúbrica pertenecía al exsubsecretario, mientras que la defensa sí había presentado un dictamen que cuestionaba su autenticidad.
En términos procesales, esto llevó al tribunal a mantener la decisión de no vincularlo a proceso en esa causa específica.
Enrique González Tiburcio y la Estafa Maestra: no todos los expedientes son el mismo caso
Aquí existe una diferencia importante para entender el expediente.
González Tiburcio ha enfrentado varias causas penales relacionadas con convenios de la Sedatu, por lo que no todas las resoluciones judiciales corresponden al mismo contrato ni al mismo monto.
En 2024, por ejemplo, una jueza federal abrió un tercer proceso en su contra por un convenio relacionado con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSCO) por 100 millones 925 mil 730 pesos. Ese expediente estaba relacionado con un contrato para realizar el empadronamiento de usuarias del Centro Ciudad Mujeres en Guerrero.
Ese monto no debe confundirse con los 106.8 millones de pesos del convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México que fueron objeto de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado.
La distinción es relevante porque ambos asuntos forman parte del universo de investigaciones derivadas de la Estafa Maestra, pero corresponden a causas y convenios diferentes.
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¿Qué fue la Estafa Maestra y por qué aparece Sedatu?
La investigación periodística conocida como La Estafa Maestra documentó un esquema mediante el cual dependencias federales utilizaron convenios con universidades públicas para contratar servicios que, en distintos casos, terminaron siendo subcontratados a empresas privadas.
La investigación publicada en 2017 mostró cómo algunas de esas empresas fueron señaladas como compañías fachada o irregulares y cómo los recursos públicos podían recorrer una cadena de intermediarios antes de llegar a los proveedores finales.
La Sedatu y la entonces Sedesol aparecieron entre las dependencias relacionadas con diversos convenios.
Por eso, las investigaciones posteriores no se limitaron a determinar dónde terminó el dinero. También buscaron establecer qué funcionarios autorizaron, firmaron o supervisaron las operaciones.
Ese segundo aspecto es precisamente el que ha generado algunas de las batallas judiciales más prolongadas del expediente.
El caso de González Tiburcio también ha girado alrededor de firmas
La discusión sobre la autenticidad de documentos no es nueva en el caso del exsubsecretario.
Desde 2017, González Tiburcio ha sostenido que algunas firmas que aparecen en convenios de la Sedatu no son suyas y presentó denuncias relacionadas con esa situación.
En el caso del convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México, la defensa utilizó precisamente un peritaje para sostener que la rúbrica no pertenecía al exfuncionario.
El tribunal consideró relevante que la FGR no hubiera presentado un peritaje propio para contradecir esa prueba.
La discusión terminó trasladándose así de los millones de pesos involucrados a una pregunta jurídica mucho más concreta: ¿puede atribuirse penalmente a una persona un convenio si no se demuestra que ella lo firmó o intervino en su celebración?
¿La decisión del Tribunal termina con todos los procesos contra González Tiburcio?
La resolución corresponde a una causa penal específica y no implica que hayan desaparecido automáticamente los demás expedientes relacionados con el exsubsecretario.
De hecho, González Tiburcio ha enfrentado distintas investigaciones por convenios celebrados durante su paso por la Sedatu, incluyendo procesos relacionados con otros contratos y acusaciones de falsedad.
Por eso, hablar de una “absolución de la Estafa Maestra” en términos generales puede resultar impreciso.
Lo que el tribunal resolvió fue una controversia concreta sobre la suficiencia de los datos de prueba para sostener su vinculación a proceso en determinado expediente.
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Estafa Maestra: ¿por qué las investigaciones siguen abiertas tantos años después?
La dimensión del caso explica parte de su prolongación judicial.
La Estafa Maestra no fue una sola operación ni un único contrato. Las investigaciones abarcaron múltiples dependencias, universidades, funcionarios, convenios y empresas, lo que produjo diferentes carpetas y procesos penales.
A ello se suman las apelaciones, amparos y revisiones que han permitido a las defensas cuestionar decisiones tomadas durante las investigaciones.
En el caso de González Tiburcio, por ejemplo, ya en 2024 un tribunal había determinado que la FGR no acreditó que fuera suya la firma del convenio que pretendía atribuirle.
La consecuencia es que el expediente continúa siendo una referencia sobre uno de los mayores casos de presunto desvío de recursos públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también sobre las dificultades de la Fiscalía para convertir investigaciones administrativas y auditorías en responsabilidades penales individualizadas.
El punto que dejó nuevamente el tribunal es concreto: para llevar a una persona a proceso no basta con demostrar que existió un convenio irregular o que hubo recursos públicos involucrados; la autoridad debe aportar datos que permitan vincular de manera suficiente al acusado con el hecho que se le atribuye. DJ
