“Falsos normalistas” y crimen organizado: ¿qué encontró el informe Estado en retirada?
El estudio identifica entre estos casos saqueos, robos, bloqueos carreteros, privaciones ilegales de la libertad y otros actos ilícitos
“Falsos normalistas” y crimen organizado: ¿qué encontró el informe Estado en retirada?
/Especial
El informe “Estado en retirada” documenta cómo personas identificadas como “falsos normalistas” habrían utilizado la identidad y las causas del movimiento normalista para participar en actividades delictivas y establecer vínculos con estructuras criminales y actores políticos locales.
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Se trata de una investigación, realizada por el periodista especializado en seguridad Óscar Balderas junto con Defensorxs y Narcodata, el cual contabilizó mil 61 eventos entre enero de 2021 y el 1 de abril de 2026 con presencia de normalistas que involucraron la presunta comisión de algún delito.
El estudio identifica entre estos casos saqueos, robos, bloqueos carreteros, privaciones ilegales de la libertad y otros actos ilícitos. La frecuencia estimada es de un evento cada 44 horas y 60 por ciento de los registros se concentra en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla, entidades donde existen Escuelas Normales Rurales y también presencia de organizaciones criminales.
La investigación utiliza el término “falsos normalistas” para referirse a personas que se presentan como estudiantes o líderes normalistas, pero que no forman parte activa de la comunidad estudiantil o que tienen vínculos con estructuras criminales.
Según el informe, esta condición permitiría utilizar la identidad del movimiento como cobertura para cometer delitos sin que esas actividades representen necesariamente las demandas de los estudiantes.
¿Cómo identifica el informe la infiltración criminal?
El trabajo sostiene que las actividades documentadas deben diferenciarse de las causas históricas del movimiento normalista. Durante la presentación, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Balderas explicó que la investigación surgió a partir de distintos casos en los que civiles enfrentaron saqueos ante la ausencia de autoridades.
El periodista aclaró que el objetivo no consiste en criminalizar a los normalistas ni sus demandas, entre ellas las relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Uno de los elementos analizados es el destino de las mercancías obtenidas mediante saqueos. El informe señala que parte de estos productos llega a mercados negros o se distribuye entre comunidades con el propósito de generar respaldo social. Balderas sostuvo que esta dinámica puede proporcionar capacidad de movilización y convertirse en una herramienta de negociación política con actores locales.
Las afectaciones también alcanzan a empresas y cadenas logísticas. De acuerdo con la investigación, las empresas afectadas por eventos en los que participan los llamados “falsos normalistas” registran pérdidas promedio de 66 mil 600 pesos.
El cálculo contempla el valor de las mercancías, daños a vehículos y otros gastos derivados de los hechos; además, el informe señala que estas pérdidas pueden repercutir en las cadenas de distribución y, en algunos casos, en el precio final de los productos.
¿Qué señala el informe sobre la respuesta de las autoridades?
La investigación estima que la impunidad alcanza hasta 99 por ciento en los casos analizados. Balderas señaló que esta condición permite la continuidad de las prácticas documentadas y ejemplificó el problema durante la presentación:
“Tienes 10 veces más posibilidades de que si pones un negocio este se vaya a la quiebra, a que te agarre la policía si robas un camión”.
Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad, expuso el caso de Michoacán y señaló la existencia de bloqueos y boteos realizados por estudiantes normalistas. También afirmó que las Casas del Estudiante y otros espacios vinculados con las comunidades educativas pueden convertirse en zonas donde la autoridad evita intervenir por razones políticas.
Saulo Dávila, consultor senior en Integralia, planteó la necesidad de recuperar el control territorial sin revictimizar a los estudiantes que forman parte del movimiento. Explicó que muchos jóvenes enfrentan condiciones sociales que los colocan en situaciones de vulnerabilidad y destacó las consecuencias de estos hechos para las cadenas logísticas, las empresas y la inversión privada.
Nancy Canjura, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, sostuvo que las Normales Rurales representan espacios de movilidad social para jóvenes de zonas rurales y consideró que el Estado mantiene una deuda con estas comunidades. También afirmó que las autoridades conocen lo que ocurre en estos espacios mediante sus servicios de inteligencia y atribuyó la falta de intervención a una decisión política.
Ante los hallazgos, el informe propone identificar a los llamados “falsos normalistas” y aplicar la ley cuando existan elementos para acreditar delitos.
Además, advierte que, si continúa la falta de respuesta, en un plazo de 10 a 15 años podría consolidarse la presencia del crimen organizado en estos espacios y normalizarse la violencia alrededor de las comunidades normalistas.
AM3
