FGR adjudica contrato vehicular a Casanova tras proceso marcado por irregularidades

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, adjudicó parte del contrato para el arrendamiento de su parque vehicular a Casanova Rent Volks, empresa que resultó una de las principales ganadoras del proceso para renovar más de 2 mil 500 unidades que serán utilizadas por la institución entre 2026 y 2029.

De acuerdo con el fallo emitido en enero, la compañía obtuvo dos de las once partidas licitadas, por un monto que podría alcanzar hasta 154 millones 770 mil pesos dentro del esquema de renta de vehículos para áreas administrativas y operativas en todo el país.

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¿Qué sabemos del proceso de contratación?

El proceso de contratación estuvo marcado por contratiempos, luego de que una primera licitación fue declarada desierta por fallas técnicas y una segunda suspendida por presuntas irregularidades antes de ser retomada en diciembre pasado.

Finalmente, la FGR asignó los contratos a las empresas Jet Van Car Rental y Casanova Rent Volks, después de que varias propuestas fueron desechadas por incumplir requisitos técnicos y administrativos establecidos en la convocatoria.

La adjudicación ocurre pese a que la arrendadora fue inhabilitada en septiembre de 2022 por la entonces Secretaría de la Función Pública debido a sobreprecios detectados en un contrato de ambulancias del ISSSTE, sanción que posteriormente quedó sin efectos en mayo de 2024 tras recursos legales promovidos por la empresa.

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¿Por qué es investigada Casanova Rent Volks?

En paralelo, la Fiscalía investiga al extitular del Órgano Interno de Control, Arturo Serrano Meneses, por presuntamente solicitar un soborno de alrededor de 6 millones de pesos a un representante de la firma para influir en la asignación del contrato vehicular.

La indagatoria también involucra al exfuncionario Carlos Enrique Rascón Yrízar y fue integrada por la Fiscalía, la cual incorporó una videograbación sobre un presunto encuentro relacionado con el caso; ambos exservidores públicos ya fueron removidos y han comparecido ante un juez federal.

Aunque la empresa mantiene un historial de contratos con gobiernos federales y locales y ha sido mencionada en investigaciones estatales por presuntas irregularidades en arrendamientos municipales, volvió a ser considerada proveedora solvente en uno de los contratos logísticos más relevantes de la FGR para los próximos tres años.

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