Inhabilitan a cuatro funcionarios del Banco del Bienestar por contratos irregulares; el daño asciende a 380 millones

Un Tribunal Federal sancionó a cuatro funcionarios del Banco del Bienestar por irregularidades en contratos relacionados con la gestión inmobiliaria de 2 mil 750 sucursales, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con información publicada por Reforma este domingo 18 de octubre de 2026, las sanciones están vinculadas con un presunto daño patrimonial de 380 millones de pesos.

Entre los funcionarios señalados destacan Yuliet Luis Reyes, quien recibió una inhabilitación de 15 años, y Alberto Medina Zamudio, sancionado con 10 años. La resolución, sin embargo, todavía puede ser impugnada, por lo que no se trata de una sentencia administrativa definitiva.

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El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión de los inmuebles utilizados por el banco encargado de distribuir los apoyos de los programas sociales del Gobierno federal.

¿Quiénes son los funcionarios sancionados del Banco del Bienestar?

Según la información difundida por Reforma, cuatro funcionarios recibieron sanciones por irregularidades relacionadas con contratos de gestión inmobiliaria de sucursales del Banco del Bienestar.

Entre los casos destacados se encuentran:

• Yuliet Luis Reyes: inhabilitación por 15 años y una sanción económica reportada de 380 millones de pesos.
• Alberto Medina Zamudio: inhabilitación por 10 años y una sanción económica reportada de 347 millones de pesos.
• Faustino Ramírez y Nayeli Aguilar: también aparecen entre las personas sancionadas, aunque la información disponible no permite precisar aquí los periodos de inhabilitación y montos individuales.

Las cantidades asociadas a los dos primeros funcionarios no deben sumarse automáticamente como si fueran daños independientes: la información proporcionada no aclara si existe una responsabilidad compartida, conceptos que se traslapan o distintos alcances de las sanciones.

¿Por qué sancionaron a funcionarios del Banco del Bienestar?

El procedimiento está relacionado con presuntas irregularidades en contratos para la gestión inmobiliaria de alrededor de 2 mil 750 sucursales del banco.

El problema se inscribe en una serie de observaciones sobre la regularización jurídica de los inmuebles utilizados para ampliar la red de sucursales. Auditorías y revisiones administrativas han advertido que una proporción importante de esos establecimientos carecía de documentación completa y vigente para acreditar legalmente el uso o la posesión de los predios.

Entre los documentos que pueden ser necesarios para regularizar los inmuebles se encuentran escrituras, contratos de comodato y actas de asignación.

La falta de estos instrumentos puede generar riesgos administrativos y legales, como disputas por la posesión de los terrenos, dificultades para acreditar el derecho de uso de los inmuebles y deficiencias en el control patrimonial.

No obstante, esas observaciones generales no demuestran por sí solas que cada sucursal tenga irregularidades ni que todos los funcionarios involucrados hayan cometido las mismas faltas.

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¿El Banco del Bienestar perdió 380 millones de pesos?

La cifra de 380 millones de pesos corresponde al daño patrimonial reportado en la información sobre el procedimiento administrativo. Sin embargo, es importante distinguir entre una sanción económica, el monto atribuido a un daño patrimonial y una sentencia firme que determine responsabilidades definitivas.

Con los datos disponibles, no es correcto afirmar que se haya comprobado un robo directo a las cuentas de los beneficiarios de los programas sociales.

El caso se refiere a contratos de gestión inmobiliaria, no a retiros indebidos de las cuentas bancarias de los usuarios. Para conocer con precisión el alcance de las responsabilidades sería necesario revisar la resolución completa, sus fundamentos y los conceptos económicos establecidos para cada funcionario.

Qué otras irregularidades se han señalado en el Banco del Bienestar

La gestión del banco ha enfrentado otros cuestionamientos administrativos. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, auditorías internas y externas han señalado que aproximadamente entre 80 y 84 por ciento de las sucursales del plan de expansión presentaban problemas relacionados con la documentación jurídica de los inmuebles.

Por otra parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto multas administrativas al banco en años recientes por observaciones relacionadas con controles internos, gestión de riesgos y registros contables.

Ante esas sanciones, el banco ha sostenido que algunas observaciones corresponden a ejercicios de 2023 o anteriores, que no implican daños patrimoniales a los usuarios ni a los programas sociales y que se han implementado medidas correctivas.

También se han reportado inhabilitaciones a empleados de menor nivel por retiros indebidos de cuentas de usuarios, en casos que involucran cantidades considerablemente menores.

Estos antecedentes corresponden a procedimientos distintos y no deben confundirse con el expediente sobre los contratos inmobiliarios.

¿La sanción a los funcionarios del Banco del Bienestar ya es definitiva?

No, la resolución puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Esto significa que el caso podría avanzar a una nueva revisión antes de que las sanciones queden firmes. Hasta conocer el resultado de una eventual apelación, es necesario distinguir entre la resolución reportada y una determinación definitiva.

Hasta el momento de la verificación descrita en la información disponible, la noticia de Reforma no había sido replicada ampliamente por otros medios ni acompañada de un comunicado público localizado del banco, de la Secretaría Anticorrupción o del tribunal. DJ