Interrupción legal del embarazo: este es el fallo de la Corte para garantizar el aborto
El Pleno de la Suprema Corte abordó la contradicción de criterios 125/2025, con lo cual emitió una resolución sobre el aborto
Imagen de la SCJN durante una sesión del Pleno
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio que permite fortalecer el acceso a la interrupción legal del embarazo en México, al determinar que los jueces pueden ordenar acciones concretas a las autoridades de salud en torno al aborto.
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¿Qué resolvió la Corte sobre el embarazo?
Uno de los puntos centrales del fallo es la interpretación del principio de relatividad de las sentencias, que tradicionalmente limita los efectos del amparo a quienes lo promueven. La Corte precisó que este principio no impide que, en ciertos casos, se dicten resoluciones con un alcance mayor.
Esto ocurre cuando las demandas se presentan bajo la figura del interés legítimo, lo que permite a los jueces ordenar medidas que atiendan problemas estructurales que afectan a un grupo de personas, y no solo a casos individuales.
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El Pleno de la Corte resolvió que, a través del juicio de amparo, no solo se pueden proteger derechos de manera individual, sino también incluir medidas generales orientadas a eliminar obstáculos que impiden el ejercicio del derecho a decidir.
De esta forma, los jueces tienen la facultad de ordenar acciones para garantizar servicios accesibles, seguros y sin discriminación en los estados donde el procedimiento ya está despenalizado.
¿Cuál es la diferencia entre interés jurídico e interés legítimo?
El criterio distingue entre el interés jurídico, que protege afectaciones directas y personales, y el interés legítimo, que abre la puerta a reclamar condiciones que impactan de manera colectiva.
Bajo esta lógica, las sentencias podrán beneficiar no solo a quienes interponen el amparo, sino también a otras mujeres y personas gestantes que enfrenten barreras similares para acceder a servicios de salud reproductiva.
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Con esta decisión, la Corte refuerza el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo en los estados donde ya no está penalizada, al permitir que las autoridades de salud sean obligadas a implementar acciones que eliminen prácticas discriminatorias o limitaciones en la atención.
El criterio también abre la posibilidad de impulsar medidas de carácter colectivo, orientadas a garantizar el derecho a decidir en condiciones de igualdad, ampliando el alcance de la protección judicial en materia de derechos reproductivos en México.
