José Luis Moyá intentaría obtener privilegios dentro de prisión

Fuentes del centro penitenciario afirmaron que José Luis Moyá Moyá, autollamado zar de las solicitudes de información, buscaría recibir trato privilegiado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a casi un año de su detención por probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

José Luis Moyá ha manifestado que teme por su vida, según versiones consultadas, al asegurar que recibió amenazas, agresiones físicas y un intento de homicidio por parte de otro interno.

Las fuentes consultadas afirmaron que sus quejas buscan presionar a las autoridades penitenciarias y obtener un trato preferencial; en ellas, sostiene que no ha recibido atención médica adecuada, pese a que se le practicaron estudios y, con esos argumentos, habría solicitado cambio de celda, garantías para su integridad física y acceso a servicios médicos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en octubre de 2024 que derivó en la detención de Moyá Moyá, quien permanece encarcelado desde entonces; el arresto siguió al anuncio de 2023 de la entonces fiscal Ernestina Godoy relativo a una investigación por acusaciones que incluían extorsión.

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Acusaciones contra su familia

En plataformas digitales también circula un video en YouTube que, según sus autores, documenta irregularidades financieras presuntamente vinculadas a Moyá y a su familia. Ahí se sostiene que Rosa María Moyá, madre del acusado, de 87 años, habría efectuado transferencias millonarias pese a no tener actividad empresarial conocida.

Ese material afirma, por ejemplo, que en 2020 la mujer habría manejado más de 11 millones de pesos sin justificación aparente; además, entre 2019 y 2021 transfirió 5 millones 248 mil 957 pesos en siete operaciones bancarias a Luis Ceferino Macías Noguera, señalado como su yerno, todo ello pese a no contar con actividad empresarial conocida.

Mientras acumulaba récords de solicitudes de información y recursos de revisión y estrechaba contacto con periodistas y medios, Moyá se posicionó durante los últimos 15 años como referente en transparencia y combate a la corrupción. Sin embargo, diversas fuentes y testimonios lo señalan por lucrar con datos obtenidos vía transparencia, empleándolos para su propio beneficio o para extorsionar a empresarios y funcionarios.

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Conexiónes y antecedentes

El nombre de Óscar Guerra Ford también aparece en este contexto; se le ha relacionado con Moyá. Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que renunció tras el escándalo por el presunto uso de una tarjeta institucional en un table dance, es una de las conexiones mencionadas.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación, al afirmar que le pidió dinero a cambio de no dañar su imagen pública. En una entrevista reciente, Miranda señaló que no fue la única víctima.

Años después, el propio Moyá reconoció de manera pública haber recibido pagos bajo nombres falsos en instituciones públicas. Durante su comparecencia en 2014, cuando buscaba ser comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), admitió que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información con el objetivo de intervenir en licitaciones públicas.

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“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.

A partir de las pruebas del Ministerio Público, un juez vinculó a proceso a Moyá Moyá y ratificó la prisión preventiva; por ello seguirá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras se define su situación legal. Además, se ordenó inmovilizar sus cuentas bancarias para impedir movimientos de recursos presuntamente ilícitos.