Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum por acusaciones de corrupción en el INE: “Parecen cirqueros”

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de materiales electorales y cuestionó tanto al gobierno federal como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La confrontación ocurrió este viernes 6 de noviembre de 2026, después de que la mandataria señalara que Córdova conocía la concentración de contratos en empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, pero no tomó medidas para impedir que continuaran como proveedores del INE y de organismos electorales estatales.

A través de su cuenta en X, el exconsejero rechazó los señalamientos del oficialismo y acusó a la ASF de actuar por motivos políticos. También criticó a Sheinbaum por responsabilizar a administraciones anteriores de los problemas actuales.

“Uy, el oficialismo ya se dejó venir con todo… sus candidatos que violan la ley con campañas anticipadas, el partido que empodera y encubre a corruptos, la ASF que actúa con subordinación y por consigna y la presidenta que culpa de todo al pasado. ¡Con tanta maroma… parecen cirqueros!”, publicó Córdova.

El intercambio ocurre mientras las autoridades revisan contrataciones por más de 2 mil 740 millones de pesos relacionadas con empresas proveedoras de materiales electorales entre 2015 y 2025.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Lorenzo Córdova y la corrupción en el INE?

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum cuestionó la actuación de Lorenzo Córdova durante los nueve años que encabezó el INE, entre 2014 y 2023.

La presidenta sostuvo que el exfuncionario tenía conocimiento de que un grupo reducido de compañías concentraba contratos para suministrar materiales utilizados en las elecciones, tanto a nivel federal como estatal.

Según la mandataria, Córdova reconoció en entrevistas recientes que sabía de la existencia de estas empresas y de su participación recurrente en contrataciones con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Sheinbaum consideró que ese conocimiento debió motivar una revisión de los procedimientos de adquisición para garantizar condiciones de competencia entre proveedores.

“Él lo reconoce. Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató”, declaró.

La presidenta también rechazó el argumento de que correspondía exclusivamente a la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investigar una posible concentración del mercado.

En ese sentido, recordó que el Consejo General del INE participa en la designación de los consejeros de los organismos electorales locales, instituciones que realizan sus propias contrataciones.

¿Qué relación tienen los hermanos Hernández Casillas con los contratos del INE?

La controversia surgió después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó información sobre una presunta red de empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

De acuerdo con la investigación gubernamental, estas compañías participaron durante varios años en procedimientos para suministrar documentación, papelería y otros materiales utilizados en procesos electorales.

Las autoridades identificaron seis empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

La información presentada por el gobierno señala que 23 organismos electorales locales contrataron servicios de estas empresas por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023.

Posteriormente, entre 2024 y 2025, las compañías obtuvieron contratos adicionales por alrededor de 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales estatales.

La administración federal sostiene que existen indicios de posibles acuerdos entre empresas para limitar la competencia en las licitaciones públicas.

Sin embargo, las investigaciones deberán establecer si ocurrieron irregularidades administrativas o delitos y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Sheinbaum cuestiona la campaña “El INE no se toca”

Otro de los puntos que abordó la presidenta fue la participación de antiguos funcionarios electorales en las movilizaciones que surgieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra su propuesta de reforma electoral.

Sheinbaum cuestionó la consigna “El INE no se toca”, que utilizaron organizaciones civiles y sectores de oposición para manifestarse en defensa del organismo electoral.

La mandataria consideró que quienes participaron en esas protestas también deben explicar las decisiones administrativas y las contrataciones que ocurrieron durante sus gestiones.

“El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían: ‘El INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, expresó.

También hizo referencia a la participación de antiguos integrantes del instituto en el proyecto político Somos, entre ellos Lorenzo Córdova y otros exfuncionarios electorales.

La presidenta sostuvo que el organismo debe garantizar elecciones limpias, transparencia en el manejo de recursos públicos y procedimientos de contratación que permitan la participación de distintos proveedores.

¿Investigarán a Lorenzo Córdova por los contratos electorales?

Ante los señalamientos relacionados con las adquisiciones del INE, Sheinbaum indicó que la Auditoría Superior de la Federación deberá determinar si existen elementos para llamar a declarar a Lorenzo Córdova.

La mandataria aclaró que el gobierno federal no puede ordenar directamente esa comparecencia, pues corresponde a las autoridades competentes desarrollar las investigaciones y establecer posibles responsabilidades.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que su revisión partió de información pública sobre contratos, empresas y personas relacionadas con las adquisiciones electorales.

Por su parte, la ASF tiene atribuciones para fiscalizar el uso de recursos públicos federales y revisar posibles irregularidades dentro del ámbito de su competencia.

Hasta el momento, los señalamientos presentados por el gobierno no equivalen a una resolución que acredite responsabilidad administrativa o penal de Córdova.

El exconsejero, en tanto, cuestionó públicamente la actuación de la ASF y acusó al gobierno de utilizar las investigaciones con fines políticos, aunque su publicación no respondió de manera individual a cada uno de los contratos mencionados por la administración federal.