Magistrado Felipe de la Mata advierte sobre riesgos legales y operativos en elección judicial de 2027

La eventual coincidencia entre la elección del Poder Judicial y los comicios ordinarios de 2027 abriría un escenario de alta complejidad para el sistema electoral mexicano. Durante el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña planteó la necesidad de analizar con criterios técnicos la viabilidad de adelantar la votación judicial, al señalar que no implicaría ahorros y sí añadiría exigencias operativas y jurídicas.

ES DE INTERÉS: TEPJF rechaza frenar el proceso para nombrar a tres consejeros del INE y ordena continuar la designación

En el panel “La elección al Poder Judicial: avances y retos”, el integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que empatar ambos procesos comprometería la claridad del ejercicio electoral y la equidad entre candidaturas, además de tensionar la capacidad institucional de las autoridades encargadas de su organización.

Costos y logística: sin margen de ahorro

El magistrado rechazó la premisa de que una elección concurrente reduciría el gasto público. Expuso que el proceso judicial requiere insumos diferenciados, esquemas propios de capacitación y una operación adicional que impide economías presupuestales.

“Una elección judicial requiere condiciones específicas para garantizar que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y libre. Adelantarla sin la preparación adecuada no abarata el proceso, sólo lo vuelve más complejo y riesgoso”, afirmó.

LEE TAMBIÉN: Morena no violó ley electoral: Tribunal Electoral explica por qué designar coordinadores no es promoción anticipada

Detalló que la simultaneidad obligaría a instalar casillas diferenciadas, producir mayor volumen de documentación electoral y reforzar tareas como la capacitación del funcionariado y la fiscalización. “No hay ahorro cuando se duplican las complejidades operativas”, subrayó.

Riesgos jurídicos y presión institucional

En el plano legal, advirtió que la coincidencia de ambas elecciones incrementaría la carga de propaganda y el número de cargos en disputa, lo que podría generar confusión entre el electorado. También mencionó posibles afectaciones en la asignación de tiempos oficiales en radio y televisión para candidaturas judiciales.

Recordó que el proceso ordinario de 2027 contempla la renovación de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos, lo que ya representa una exigencia considerable para el sistema electoral.

El magistrado indicó que la organización paralela de ambos ejercicios colocaría bajo presión a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en funciones como la fiscalización, la capacitación y la resolución de impugnaciones, con impacto potencial en la eficiencia institucional y la certeza del proceso.

Desde la perspectiva política, señaló que aplazar la elección judicial permitiría consolidar condiciones para su implementación, con mayor preparación de aspirantes, información para la ciudadanía y un debate más amplio sobre perfiles técnicos.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral y elección judicial: De la Mata plantea ajustes al modelo vigente ¿qué cambios propone?

Finalmente, apuntó que la experiencia comparada muestra que los procesos de elección judicial suelen organizarse de forma escalonada, con el objetivo de fortalecer la comprensión ciudadana, la certeza jurídica y la operación administrativa. Agregó que cualquier modificación al calendario debe evaluarse con base en criterios técnicos y responsabilidad institucional.