MC solicita desafuero de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El partido Movimiento Ciudadano dio un paso inédito al presentar ante el Congreso de la Unión una solicitud de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios más. La acción se sustenta en señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos, que presuntamente vinculan a los servidores públicos con actividades relacionadas con el crimen organizado.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que los funcionarios deben enfrentar las investigaciones sin la protección del fuero constitucional. “Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, declaró.

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Señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el documento presentado, las acusaciones incluyen presunta conspiración para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos en colaboración con el Cártel de Sinaloa. Además del gobernador, la denuncia también alcanza a figuras como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Villamil, ambos en funciones.

MC sostiene que los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos han generado una “severa crisis” en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Asimismo, el partido afirma que los presuntos vínculos entre funcionarios y el grupo criminal se remontan a 2021, lo que, según su postura, refuerza la necesidad de una investigación sin protección constitucional.

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Qué es el juicio de procedencia y cómo funciona el retiro del fuero

El abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, explicó que el juicio de procedencia es el mecanismo legal necesario para retirar el fuero a servidores públicos y permitir que enfrenten procesos penales.

En el caso de funcionarios locales como el gobernador Rocha Moya, el proceso inicia en la Cámara de Diputados federal, la cual debe aprobar la declaratoria de procedencia. Sin esta resolución, no es posible iniciar acciones penales, ya que el fuero actúa como una protección constitucional frente a delitos federales.

No obstante, el especialista señaló que existe un debate jurídico sobre si también es necesaria la intervención del Congreso local, como ocurrió en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, donde la Suprema Corte determinó la participación de ambas instancias.

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Implicaciones jurídicas y debate sobre extradición

Martín Reyes destacó que no existen antecedentes recientes de solicitudes de desafuero contra un gobernador o senador en funciones, debido a la protección que otorga el fuero constitucional. Además, advirtió que una eventual detención con fines de extradición podría enfrentar obstáculos si no se ha retirado previamente dicha protección.

Aunque los señalamientos por asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos son considerados delitos federales en México, el proceso no puede avanzar sin la declaratoria de procedencia. Este caso abre un nuevo debate sobre el alcance del fuero y su impacto en investigaciones con implicaciones internacionales. YF