PT presenta iniciativa para limitar atribuciones de la UIF; ¿qué propone sobre el bloqueo de cuentas sin orden judicial?
Las y los senadores del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa en para quitar a la UIF facultad de bloquear cuentas sin orden judicial con el objetivo de tener certeza jurídica
Las personas afectadas podrán solicitar una audiencia ante la UIF y presentar pruebas para defenderse tras el bloqueo de sus cuentas bancarias
/Foto: Canva
Senadores del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa con el propósito de eliminar la facultad de bloquear cuentas bancarias sin que exista una orden judicial, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cabe recordar que, pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ha encendido alertas en el sector empresarial.
El fallo, aprobado con seis votos a favor y tres en contra, valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo el congelamiento de recursos cuando existan indicios de operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de una resolución judicial previa.
¿Qué propone el PT sobre el bloqueo de cuentas sin orden judicial de la UIF?
De acuerdo a la iniciativa de la bancada del Partido del Trabajo impulsada por el legislador Alberto Anaya, pretende reformar la Ley de Instituciones de Crédito con el para el objetivo de establecer que cualquier congelamiento de recursos financieros requiera autorización judicial por escrito.
Esto tendrá el fin de garantizar el debido proceso y congelar arbitrariamente las cuentas las cuales podría perjudicar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), según la Coparmex, las cuales dependen en gran medida de su liquidez diaria para operar.
Asimismo, los legisladores peristas acusan que la UIF actúe sin orden judicial ya que vulnera derechos constitucionales, como la presunción de inocencia, el derecho de audiencia y la protección de la propiedad privada.
Además, argumentaron que el actual esquema permite congelar cuentas con base en sospechas, obligando posteriormente a los afectados a demostrar la legalidad de sus recursos, lo que invierte la lógica del proceso penal.
Iniciativa turnada a comisiones para su análisis
Por otro, lado la iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, para su dictamen, reforma la Ley de Instituciones de Crédito y plantea que “no buscamos eliminar la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros, sino fortalecer su legitimidad mediante la incorporación de un control judicial previo”.
“Quien pierde el acceso a su patrimonio no enfrenta una simple molestia administrativa. En muchos casos, enfrenta una paralización total de su vida económica. Equiparar esta medida con un acto administrativo ordinario es desconocer su verdadero alcance”.
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