Refugio Franciscano: Perros y gatos en riesgo por intereses inmobiliarios

Una población de mil 100 perros y 30 gatos quedaron en situación de indefensión luego del desalojo del Refugio Franciscano, institución con casi cinco décadas dedicada a la protección animal. El conflicto legal revela un trasfondo inmobiliario, denuncias de irregularidades judiciales y una disputa por la custodia de los animales.

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En las primeras horas de la noche del pasado 10 de diciembre las instalaciones del Refugio Franciscano, A.C., ubicadas en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, fueron desalojadas por orden judicial.

De acuerdo con un comunicado oficial del albergue, la diligencia fue ejecutada por la Fundación Haghenbeck mediante el rompimiento de cerraduras, el retiro de empleados y la toma total del inmueble. El refugio sostiene que la resolución judicial de Ana Miriam Yépez Arreola, titular del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que dio origen al operativo no está firme, ya que aún corre el plazo legal para interponer una apelación.

Aun así, la orden fue ejecutada, lo que califican como una acción “irregular, precipitada y violatoria de derechos”. Más de mil vidas bajo custodia ajena El punto más delicado del conflicto es el destino de mil 100 perros y 30 gatos, muchos de ellos ancianos, con enfermedades crónicas o discapacidad.

La sentencia otorgó la guardia y custodia de los animales a la Fundación Haghenbeck, decisión rechazada tajantemente por los responsables del refugio.

En entrevista con ejecentral, Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, advierte que aunque la propiedad legal de los animales pertenece al albergue, la autoridad determinó que permanezcan en el lugar bajo responsabilidad de la fundación.

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“Estamos de acuerdo en que no salgan de ahí, porque si se los llevan, olvídalo: los van a cremar. Son más de mil perros que comen alrededor de cinco toneladas de alimento al mes. A ver si después de unos días están dispuestos a sostener ese gasto”, señaló.

El abogado confirmó que ya se promovieron amparos y recursos legales, y subrayó que la resolución judicial aún puede ser revertida.

Tras el desalojo, comenzaron a circular en redes sociales denuncias sobre presunto maltrato animal dentro del refugio. Pérez Correa sostiene que se trata de una campaña orquestada: “Es una guerra de narrativas. Todas esas personas que hablan de maltrato nunca han puesto un pie en el refugio. Tenemos testimonios de voluntarios que estuvieron ahí hace apenas dos semanas”.

Gina Rivara, directora del Refugio Franciscano, coincide y explica a ejecentral que los animales mostrados en videos son, en su mayoría, perros de edad avanzada. “Recibimos a los que nadie quiere: viejitos, cieguitos, cojitos. Claro que se ven deteriorados, tienen 14 o 16 años, pero están medicados y atendidos. Usar su imagen para acusarnos de maltrato es una crueldad”.

Ambas entrevistados coinciden en señalar que el conflicto va más allá del bienestar animal. El predio donde se ubica el refugio tiene una extensión de más de 163 mil metros cuadrados, colinda con la Barranca de Santa Fe —zona natural protegida— y, según el testamento de don Antonio Haghenbeck de la Lama, debía destinarse exclusivamente al cuidado de animales.

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No obstante, documentos del Registro Público de la Propiedad —difundidos por el refugio— indican que el terreno fue vendido en 2020 y que la operación se consumó en 2023 a favor del Banco Ve por Más.

El abogado del refugio estima que el valor real del predio oscila entre mil 500 y dos mil millones de pesos, muy por encima del monto asentado en la compraventa de 650 mil pesos.

“Durante 45 años no les importaron. Aquí hay intereses millonarios y un desarrollo inmobiliario gigantesco”, afirmó Pérez Correa. Advierte que también hay un interés particular de la alcaldía Cuajimalpa en este asunto. “Por eso está tanto la alcaldía, como la jueza, como todo mundo…”, sostiene.

Un refugio que nunca se construyó como parte de un acuerdo firmado en 2022, la Fundación Haghenbeck se habría comprometido a construir un nuevo refugio en un terreno de 15 mil metros cuadrados en Texcoco, propiedad del Refugio Franciscano. La obra, estimada en alrededor de un millón de dólares, nunca se concretó.

“Tenemos el terreno, está escriturado, pero no tenemos recursos para construir. Ellos sí los tienen. Si lo hicieran, nos vamos mañana”, afirmó la directora del refugio. En su comunicado, el Refugio Franciscano responsabiliza a la Fundación Haghenbeck por la integridad física y emocional de los animales y por cualquier incidente derivado de su manejo.

Denuncian que la fundación carece de experiencia y personal especializado para atender una población tan numerosa y vulnerable.

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Entre sus exigencias destacan: el ingreso inmediato de personal del refugio para supervisar cuidados básicos; el cumplimiento del acuerdo para construir un nuevo albergue en Texcoco; la intervención del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el bienestar animal; y la devolución de la custodia de los animales.

Mientras los procesos legales continúan, integrantes del Refugio Franciscano permanecen afuera de las instalaciones, sin poder ver ni atender a los animales que han cuidado durante décadas. “No actuamos en la oscuridad. Estamos dispuestos a que entren autoridades, medios y vecinos. Lo único que exigimos es que nos devuelvan el cuidado de nuestros animalitos”, concluye el comunicado.

El caso plantea un debate mayor: ¿puede una resolución judicial, aún impugnable, anteponerse al bienestar de más de mil seres vivos y a la voluntad testamentaria que dio origen al refugio? Por ahora, la respuesta sigue en manos de los tribunales.

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La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), acompañará las acciones relacionadas con el refugio.

De acuerdo con la resolución judicial, los animales permanecerán en el inmueble, y la actuación de las autoridades se enfocará en velar por su bienestar, independientemente del conflicto legal entre particulares.

Además, la SEDEMA facilitará la instalación de una mesa de trabajo entre las partes involucradas para generar canales de diálogo y avanzar en acuerdos que contribuyan al bienestar de los animales.

También se realizará un censo actualizado de los animales, con el fin de dar seguimiento a su situación y definir acciones de atención conforme a la normatividad vigente.

El Gobierno de la Ciudad de México mantendrá vigilancia y coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial y que los animales tengan condiciones adecuadas, reiterando que la administración del predio es un asunto entre particulares.