Samuel García desconoce amparo federal en caso de pedreras en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó públicamente la validez de un amparo federal que favorece a la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) y aseguró que, desde su perspectiva, dicha resolución judicial “no vale”.

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De acuerdo con Proceso, el conflicto entre la compañía y la administración estatal se intensificó luego de que el mandatario fijara postura frente a las suspensiones concedidas a algunas pedreras en la entidad.

“Ese amparo para mí no vale”

En declaraciones públicas, el titular del Ejecutivo estatal negó que exista un esquema de corrupción o extorsión en el manejo del caso y sostuvo que el diferendo responde exclusivamente al cobro de contribuciones ambientales.

“Nada de corrupción, no hay nada de extorsiones. Yo lo que le diría a las pedreras es acérquense, paguen el adeudo y ese día se abre”, afirmó.

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El gobernador señaló que algunas empresas dejaron de cubrir pagos a partir de diciembre, al amparo —según dijo— de una suspensión concedida por un juez que ya dejó el cargo. “Desgraciadamente un juez aquí que ya salió antes de salir en agosto, amparó algunas ilegalmente y entonces ahorita algunas pedreras excusándose que tienen una suspensión, dejaron de pagar en diciembre”, expresó.

Añadió que los adeudos acumulados oscilarían entre 500 y 700 millones de pesos y cuestionó la legitimidad de la suspensión judicial. “Hablamos con todas y les dijimos oigan, ese amparo para mí no vale, tú a quien vendiste ya le cobraste el impuesto y te lo estás quedando en tu panza, ese dinero no es tuyo, es del consumidor, págalo y evitemos broncas”.

El mandatario sostuvo que las empresas que cubran los montos reclamados podrán reanudar operaciones de inmediato, con excepción de aquellas ubicadas en áreas naturales protegidas. “Las que deben si pagan, ese día se abre, salvo áreas naturales protegidas, porque también encontramos que algunas pues se les hizo fácil, empezaron a escarbarle más al cerro y al menos nueve brincaron área natural protegida”, declaró.

Audio y contexto político

El caso adquirió mayor dimensión pública tras la difusión de un audio en el que presuntamente interviene el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, quien habría fungido como intermediario para solicitar un pago a la empresa a cambio de facilitar su operación. La administración estatal ha rechazado cualquier acto indebido.

Aunque el mandatario cuenta con formación académica en materia jurídica y financiera, su postura frente a la suspensión federal abrió un debate en el ámbito empresarial y entre especialistas en derecho constitucional. Diversas voces advirtieron que la negativa pública a reconocer los efectos de un amparo coloca el diferendo en un terreno que trasciende lo fiscal y se instala en la discusión sobre el respeto a las determinaciones del Poder Judicial.

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El diferendo ocurre en un contexto de tensión entre el gobierno estatal y parte del sector productivo, marcado por auditorías, clausuras y litigios relacionados con impuestos ambientales y uso de suelo en zonas de explotación minera.