Samuel García enfrenta juicio político en Nuevo León por presunto desvío millonario

El Congreso de Nuevo León dio un nuevo paso en las investigaciones contra el gobernador Samuel García. La Comisión Anticorrupción aprobó iniciar un juicio político en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos y un supuesto esquema financiero que habría beneficiado a empresas vinculadas con integrantes de su familia.

La decisión ocurre mientras persisten investigaciones sobre presuntas operaciones que habrían movilizado más de mil millones de pesos a través de despachos y compañías relacionadas con familiares del mandatario estatal. Samuel García rechaza las acusaciones y sostiene que autoridades estatales ya descartaron irregularidades.

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¿Por qué el Congreso de Nuevo León inició un juicio político contra Samuel García?

La bancada de Morena presentó la solicitud de juicio político el pasado 8 de junio. Dos días después, la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó dar trámite al procedimiento legislativo.

Con esta decisión, el gobernador de Nuevo León deberá ser notificado formalmente y tendrá la oportunidad de responder a los señalamientos mediante un escrito o una comparecencia presencial ante el Poder Legislativo estatal.

De acuerdo con la legislación local, Samuel García contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su defensa y rendir declaración ante el Congreso.

Aunque algunos legisladores no acudieron a la sesión, la comisión alcanzó el quórum necesario para discutir y votar el asunto.

¿De qué acusan a Samuel García?

El juicio político se basa en señalamientos sobre una presunta triangulación de recursos públicos hacia empresas y despachos vinculados con familiares del gobernador.

Las acusaciones tomaron relevancia pública después de que, en abril, se difundiera información sobre una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con un supuesto esquema financiero que habría desviado recursos gubernamentales.

Según los reportes, parte del dinero público habría sido canalizado hacia el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos accionistas incluyen a Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario, y a Samuel Orlando García Villarreal, su medio hermano.

Las indagatorias señalan que los recursos presuntamente circularon mediante distintos mecanismos financieros y posteriormente fueron transferidos a otras empresas.

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¿Qué empresas aparecen en la investigación?

Uno de los nombres mencionados en la investigación es la empresa “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió transferencias por más de mil millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, parte de esos recursos habría sido enviada posteriormente a cuentas fuera de México, incluidas operaciones en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo del origen de los fondos.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha emitido una sentencia sobre estos hechos y las investigaciones continúan su curso.

¿La FGR investiga a Samuel García?

Los reportes publicados en abril señalaron que la Fiscalía General de la República mantiene indagatorias relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares.

Sin embargo, la FGR no ha informado públicamente sobre una resolución definitiva del caso.

Especialistas en derecho señalan que el juicio político es un procedimiento distinto a una investigación penal. Mientras el primero analiza posibles responsabilidades políticas o administrativas, las carpetas de investigación buscan determinar si existieron delitos.

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Samuel García rechaza las acusaciones y asegura que ya fueron investigadas

El gobernador de Nuevo León ha rechazado los señalamientos y afirma que las acusaciones carecen de sustento legal.

A través de redes sociales, Samuel García aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya revisó los hechos y determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Por tanto, son falsos todos los señalamientos (...). La Fiscalía emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad”, escribió el mandatario estatal.

Con el inicio del juicio político, el Congreso de Nuevo León deberá analizar la respuesta del gobernador y determinar si el procedimiento continúa hacia nuevas etapas legislativas.