Senado aprueba la llamada Ley Antimemes: ¿qué castiga y cuándo podría haber hasta 5 años de cárcel?

El Senado de la República aprobó la reforma conocida en el debate público como “Ley Antimemes”, que establece nuevas sanciones por determinados usos de la identidad gráfica de instituciones públicas, dominios electrónicos y otros elementos oficiales.

El Pleno avaló en lo general las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con 72 votos a favor y 34 en contra, durante la sesión de este miércoles 30 de septiembre. Posteriormente, el Senado continuó con la discusión de las reservas y aprobó también el proyecto en lo particular.

La reforma provocó un debate entre Morena y legisladores de oposición debido a sus posibles implicaciones para contenidos difundidos en internet. Mientras la mayoría parlamentaria sostiene que las disposiciones buscan combatir la piratería, la falsificación y la suplantación de identidades institucionales, senadores opositores cuestionaron que la redacción pueda generar problemas para la sátira, la parodia y otras expresiones críticas.

Sin embargo, la norma no establece una prohibición general de los memes. El artículo que concentró buena parte de la discusión fija una serie de condiciones para que determinadas conductas relacionadas con el uso de elementos oficiales puedan recibir sanciones penales.

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¿Qué es la llamada Ley Antimemes y qué aprobó el Senado?

Uno de los principales puntos de la reforma se encuentra en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, relacionado con la utilización, reproducción, imitación o incorporación de elementos de identidad gráfica institucional.

La disposición contempla sanciones cuando una persona utilice estos elementos a escala comercial, con el objetivo de inducir al error o engaño y con la intención de cometer un ilícito.

La propuesta original contemplaba penas de tres a siete años de prisión, pero las comisiones del Senado modificaron previamente el dictamen y redujeron el rango.

El texto que llegó al Pleno establece una pena de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La reforma contempla, entre otros elementos, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos, documentos y signos de carácter oficial.

¿Hacer memes podría castigarse con hasta cinco años de cárcel?

La discusión legislativa generó dudas sobre si una persona podría recibir una pena de cárcel simplemente por publicar un meme que incluya el logotipo o algún elemento gráfico de una institución pública.

El texto aprobado establece condiciones adicionales para configurar la conducta sancionada. El uso del elemento institucional debe realizarse a escala comercial, buscar inducir al error o engaño y estar vinculado con la intención de cometer un ilícito.

Por ello, la reforma no establece que la sola publicación de un meme, caricatura o parodia constituya automáticamente un delito.

El senador de Morena Javier Corral defendió durante el proceso legislativo las modificaciones al artículo 403 Bis y explicó que uno de los cambios consistió en precisar el concepto de “escala comercial”. Legisladores oficialistas sostienen que estos elementos permiten diferenciar las conductas fraudulentas de las expresiones humorísticas o críticas.

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¿Por qué la oposición asegura que la reforma pone en riesgo la libertad de expresión?

El debate en el Senado se concentró en los posibles alcances de la nueva disposición y en la ausencia, señalada por opositores, de exclusiones expresas para contenidos como memes, sátiras o caricaturas.

La senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón mostró durante la sesión una manta con la frase “Criticar al gobierno es igual a cárcel”, como parte de los cuestionamientos de su bancada a la reforma.

La también panista Lilly Téllez sostuvo que las nuevas disposiciones podrían afectar el humor y la sátira política. Durante la discusión solicitó además la proyección de un video del creador de contenido Vampipe relacionado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Andy López Beltrán.

Otros legisladores opositores centraron sus cuestionamientos en que el artículo no excluye expresamente categorías como parodia, sátira, caricatura, periodismo o memes, por lo que plantearon dudas sobre la interpretación que las autoridades podrían hacer de la disposición.

Morena rechaza que la reforma prohíba memes o sátira política

Los legisladores que respaldaron el dictamen rechazaron que las modificaciones tengan como objetivo castigar las críticas al gobierno.

La explicación de la mayoría parlamentaria sostiene que el nuevo supuesto busca sancionar conductas relacionadas con piratería, falsificación, fraude y engaño, particularmente cuando una persona utiliza elementos gráficos oficiales para aparentar que una comunicación, página o documento pertenece a una institución pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó que la reforma prohíba los memes. Antes de la votación, aseguró que las disposiciones buscan proteger la propiedad intelectual y evitar la utilización comercial indebida de símbolos gubernamentales, no sancionar publicaciones en redes sociales por el simple hecho de incluirlos.

La mandataria explicó que la restricción opera bajo condiciones específicas y negó que cualquier uso de un símbolo gubernamental en internet pueda derivar por sí mismo en una sanción.

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¿Cuáles son las sanciones que contempla la llamada Ley Antimemes?

El artículo que provocó la controversia contempla de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA para las conductas que cumplan con los elementos establecidos en la legislación.

Para configurar el supuesto sancionado, el texto contempla elementos concurrentes: el uso, reproducción, imitación o incorporación de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales; que exista escala comercial; que la conducta busque inducir al error o engaño, y que exista la intención de cometer un ilícito.

La reducción de las penas respecto de la propuesta original ocurrió durante el análisis en comisiones. La iniciativa inicial planteaba un rango de tres a siete años de cárcel, mientras que el dictamen que avanzó al Pleno lo modificó a uno a cinco años.

La reforma forma parte de un paquete presentado por el Ejecutivo federal para modificar el marco jurídico en materia de propiedad industrial y delitos relacionados con piratería y falsificación, así como armonizar disposiciones mexicanas con compromisos comerciales internacionales.