Tiro de gracia a la CNDH

Tras cinco años de una “complicidad absoluta” con el gobierno federal, la reelección de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hasta 2029 implica el tiro de gracia definitivo a una institución que, según críticos, dejó de ser una defensoría pública independiente de los derechos fundamentales en el país.

Esa es la perspectiva para una buena parte de la academia, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, quienes alertan sobre la serie de irregularidades que implicaron su designación, la falta de transparencia en el proceso y la indefensión en la que está la ciudadanía ante las arbitrariedades, omisiones y abusos constantes de las autoridades federales.

Para Luis de la Barreda Solórzano, académico y presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, la permanencia de Piedra Ibarra confirma la “captura” de la CNDH y pone en evidencia la grave ausencia de contrapesos para el gobierno federal, dejando a la institución completamente subordinada a sus intereses y decisiones políticas.

En la opinión del doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la decisión de la mayoría en el Senado de la República para reelegir a Rosario Piedra evidenció también que la Cámara Alta “no es un organismo parlamentario en el sentido democrático del término”, sino “un organismo dominado por los legisladores del partido en el poder y sus aliados que siguen ciegamente las órdenes que se les dan desde el Poder Ejecutivo, sin importar los principios democráticos ni el bienestar de la ciudadanía”.

Suma de irregularidades

“Buscaría que la CNDH sea autónoma y eficaz, que vuelva la credibilidad de los ciudadanos en esa instancia, porque en muchos casos la comisión no hizo ninguna acción efectiva para creer que iba a llegar la justicia”, declaró la entonces presidenta electa de la CNDH tras haber sido elegida en una controvertida votación en el Senado de la República, el 7 de noviembre de 2019, lo que generó preocupación sobre su imparcialidad y autonomía.

Un lustro después, precisamente la actuación y el desempeño que tuvo María del Rosario al frente de la CNDH se colocaron a la cabeza de la lista de las razones por las cuales no debía ser reelegida como ombudsperson nacional, debido a sus decisiones controversiales y la falta de respuesta efectiva ante graves violaciones de derechos humanos.

Las críticas hacia su gestión no se limitan a su falta de independencia. A lo largo de cinco años, su administración ha sido señalada por la opacidad, la falta de resultados tangibles y un marcado distanciamiento de las víctimas y los colectivos que representan sus intereses. Para organizaciones como el Comité Eureka, fundado por su madre, sus decisiones y omisiones no sólo han sido decepcionantes, sino también una traición a los valores y principios que la CNDH debería encarnar, afectando gravemente la confianza pública en la institución.

A estas críticas se sumaron denuncias de negligencia, omisiones y corrupción de su gestión por parte de funcionarios y exfuncionarios de la propia comisión.

Entre los señalamientos más graves destaca el abandono de casos emblemáticos, la disminución en la emisión de recomendaciones, el uso indebido de recursos públicos para promocionar la imagen de la presidenta en lugar de priorizar el apoyo a las víctimas, y la falta de transparencia en la gestión de los fondos destinados a la defensa de los derechos humanos.

Y como tercer motivo, el fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM señaló el incumplimiento de la normativa que establece que la elección debía realizarse por voto secreto. Esto, pese al desacuerdo de diversos legisladores, incluidos de Morena y aliados, quienes terminaron por evidenciar el sentido de su voto, dejando en entredicho la imparcialidad del proceso y demostrando la presión política ejercida durante la votación.

A manera de analogía, de la Barreda apuntó que la reelección de Piedra “es como si al equipo colero en un campeonato de futbol se le proclamara campeón, en lugar de que bajara a segunda división. ¡Se le proclamara campeón, sin tener mérito alguno y tras una temporada llena de derrotas y malas decisiones!”.

Proceso viciado desde el inicio

Kathia García Rodríguez, investigadora del Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, refirió que, a diferencia de hace cinco años, cuando la oposición y la sociedad civil denunciaron que su nombramiento fue un fraude, porque le faltaron dos votos para alcanzar la mayoría calificada, ahora alcanzó los votos en medio de un turbio proceso marcado por presiones políticas y un ambiente de falta de transparencia.

Entre las principales irregularidades se señala el cambio que se hizo desde las comisiones del Senado para quitar el carácter vinculante de los indicadores de cada aspirante para la decisión final. Esto permitió que la reelección se decidiera sin tomar en cuenta criterios técnicos, evaluaciones públicas ni las opiniones de expertos que garantizaran la idoneidad de los candidatos, lo que generó aún más desconfianza en el proceso.

Además, no se hicieron públicas las evaluaciones, “es decir, la ciudadanía no tuvimos acceso a checar cómo fue evaluado cada aspirante”, enfatizó García Rodríguez.

Tampoco se especificó cómo se tomaron en cuenta las participaciones de las organizaciones en el parlamento abierto; “no se priorizaron los perfiles mejor evaluados” y se hizo alusión a supuestas cartas de apoyo en favor de Piedra, pese a que era solo uno de los indicadores que no se transparentaron, dejando en duda la objetividad del proceso.

La investigadora también señaló que el proceso estuvo caracterizado por un secretismo inusual. “Como pudimos ver, la votación en el Pleno se dio en lo oscurito. Se dio en la madrugada, en un horario en el que era poco accesible para todas las personas que estábamos monitoreando el proceso, lo que impidió una vigilancia adecuada y transparente por parte de la sociedad civil”, subrayó.

Derechos a la deriva

En la óptica de Kathia García, politóloga por la UNAM, la reelección de Rosario Piedra “es un mensaje claro del partido oficialista y del gobierno de continuar con un perfil sumiso, obediente y solapador para seguir encubriendo a las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos sobre las víctimas, ignorando las demandas de justicia y reparación que la sociedad reclama”.

Ante este escenario, la politóloga advirtió que la sociedad civil enfrenta el reto de reorganizarse y redoblar esfuerzos para contrarrestar las dinámicas autoritarias. Una de las estrategias propuestas incluye recurrir a mecanismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar las irregularidades y visibilizar la desprotección en la que queda la sociedad, resaltando la urgencia de una respuesta más contundente y coordinada a nivel global.

Desde una perspectiva menos optimista, el profesor-investigador Luis de la Barreda sentenció que la permanencia de Piedra al frente de la CNDH por otros cinco años refuerza la tendencia al deterioro y captura de otras instituciones autónomas, lo que pone en riesgo la democracia y la independencia del poder judicial. “No hay ningún margen de maniobra”, alertó.

Al observar el contexto actual, donde el Poder Judicial también enfrenta señalamientos por falta de independencia y eficacia, de la Barreda subrayó que los ciudadanos se encuentran en una posición vulnerable. “Con una Comisión Nacional capturada, nuestras posibilidades de defensa ante los abusos de poder son muy limitadas y restringidas, o incluso son inexistentes, lo que agrava aún más la crisis de derechos humanos en el país”, lamentó.

El académico expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la defensa de los derechos humanos en el país. “Se nos están cerrando todas las posibilidades de defendernos contra los abusos de poder y estos gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación han demostrado una gran vocación a cometer abusos. Ante estos abusos, lamentablemente, nos encontramos a la intemperie, sin ninguna protección efectiva por parte de las instituciones encargadas de velar por la justicia y la equidad”, concluyó.