Con la inacción, irresponsabilidad y falta de voluntad, junto con los discursos políticos que pretenden edulcorar la realidad, se ha sustituido la agenda de riesgos y colocan en un estado de vulnerabilidad a una región del país, pero que afecta más intensamente a la Ciudad de México, vista no sólo por su alta sismicidad y densidad poblacional, sino también como centro neurálgico del país, por su actividad financiera y política, al ser el asentamiento de los tres Poderes de la Unión.
Sin lugar a dudas, hoy día, a pesar de lo que digan los políticos, la capital del país es vulnerable a un terremoto, porque sus habitantes carecen del mayor tiempo posible, entre 60 y 80 segundos, para poder evacuar los inmuebles.
Aunque se ha dicho que prácticamente está resuelta la falla de las 14 Estaciones Sensoras de Campo (Esdecas), y de un repetidor, todos instalados en el estado de Oaxaca, lo cierto es que no es así. Hasta que se lleve a cabo la revisión y mantenimiento del equipo, se podrá contar con toda la capacidad instalada y esto ocurrirá, al 100% en unas semanas, porque las brigadas apenas se desplegaron por la sierra y costa, para llevarlo a cabo.
Pero esto sólo resuelve los próximos dos meses. Después de este tiempo, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) ya no tendrá el dinero que requiere para continuar con el mantenimiento, ni siquiera para pagarle a su personal, que es especializado, que no supera las 50 personas y que deberá despedir de entre 30 y 40% de su plantilla de no recibir los recursos.
El problema de fondo es que el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, priista arrepentido que para llegar a la gubernatura lo candidatearon el PAN, PRD, PT y Convergencia, decidió en 2012 y 2013 no pagar al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) 17.7 millones de pesos, para que funcionara, de manera óptima. Nunca autorizó cubrir del adeudo, aunque el Cires, con sólo la promesa de pago, siguió haciendo los trabajos de mantenimiento y supervisión del Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO), a costa de sus propias finanzas. Por eso no se cayó antes y funcionó en septiembre del año pasado ante el terremoto.
Por si fuera poco, en 2017 el mismo gobierno estatal, sólo que ahora encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, determinó que en lugar de pagar siete u ocho millones de pesos que se requiere anualmente, sólo aportaría 1.5 millones. Ya es febrero de 2018, y lo correspondiente a este año no se le ve ni el polvo. Es decir, hay que sumar ahora 2017 y lo que va de 2018, por lo que el adeudo supera los 24 millones de pesos.
Aunque se dice que Oaxaca ya dio tres millones de pesos al Cires, en realidad los reportes sólo muestran la mitad del monto entregado, este dinero es a cuenta del adeudo por más de 24 millones de pesos, y sólo ha permitido comenzar el despliegue de las brigadas para hacer la revisión y mantenimiento. Pero sólo servirá para los próximos dos meses, porque cada ocho semanas hay que revisar los equipos para garantizar su funcionamiento óptimo, que es registrar los sismos y emitir la señal de alerta de forma oportuna.
Por suerte el Cires es una Asociación Civil sin fines de lucro, integrado por especialistas de prestigio internacional y en donde las agendas políticas no definen el cuidado del Sasmex, que es un tema de Seguridad Nacional. Por un principio ético ha utilizado hasta ahora sus propios recursos, pero ya se agotaron. Porque a diferencia del pasado, en el que se firmaban contratos por tres años para impedir que el cambio de gobierno afectara el funcionamiento, ahora las autoridades estatales quieren signar contratos por un año, aunque en el caso de Murat, que llegó desde diciembre a la gubernatura, ni un solo convenio ha firmado. Y el caso del gobierno de la Ciudad de México también es preocupante, porque siendo febrero no se ha sentado a firmar el contrato para 2018 en torno al Sasmex.
Frente a todo este problema que es un tema de seguridad nacional, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), sólo observan, sin alertar al titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y al propio presidente Enrique Peña Nieto, del grave riesgo que significa para la Ciudad y toda la región sureste no contar con un sistema de alerta eficaz. Y se trata de los mismos funcionarios, estatales y federales, que en septiembre pasado parecían sensibles a los riesgos por los sismos en el país.
