Entre abril y junio de este año en Estados Unidos comenzarán dos juicios en los que la fiscalía no sólo exhibirá a los acusados como beneficiarios de millonarios sobornos, a cambio de apoyar a cárteles del narcotráfico, el del Golfo por un lado y el de Sinaloa por el otro, sino como parte de un entramado de corrupción institucionalizado en el gobierno federal y estatal.
Los escenarios se situarán en Texas, por un lado, donde deberá comparecer el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y en Nueva York, por el otro, en donde se darán los primeros pasos para el proceso contra el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Los documentos exhibidos en las cortes federales estadounidenses, en ambos casos, perfilan ya el tono en el que se desarrollarán los juicios: México es un país inseguro porque la corrupción ha permeado en las instituciones y ha alcanzado los más altos niveles del sistema político.
Algo muy similar a lo que ocurrió entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, durante el juicio del líder del Cártel del Pacífico, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en el que no sólo el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció pruebas contra uno de los capos mexicanos más emblemáticos y poderosos, sino que además exhibió al gobierno mexicano, y eso incluyó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a García Luna, a militares e investigadores. Allí habló de impunidad y de redes de protección que se aceitan con millonarios sobornos.
El juicio de García Luna será un tercer paso. El segundo comenzó entre marzo y agosto del año pasado y fue contra los integrantes del grupo criminal llamado “Seguimiento 39”, liderado por un exinfante de la Marina de Estados Unidos, Ángel Domínguez Ramírez. Este grupo conformado por estadounidenses y mexicanos, varios de ellos exfuncionarios de seguridad y que trabajaban en el trasiego de drogas, desde Ecuador, Venezuela y Perú, transitando por Centroamérica y México a través de aviones, barcos y autobuses hasta territorio estadounidense; además prestaban sus servicios de seguridad y transportación, a los hermanos Beltrán Leyva y a Guzmán Loera.
El juicio contra el grupo “Seguimiento 39” ha logrado detener a unas 40 personas, y aún se espera que salgan varios nombres más, que por ahora aparecen testados en el expediente, del que el caso se describe así: “un nivel de corrupción sin precedentes en el gobierno mexicano, los departamentos de policía locales, las agencias policiales federales y el ejército”. Algunos de los testigos protegidos se utilizarán en los juicios de García Luna y el exgobernador.
En el caso de Tomás Yarrington, de quien archivaron en México su expediente en el gobierno de Felipe Calderón, se plantea que existe una red de protección en la zona del Golfo de México que involucra a funcionarios y exfuncionarios. El gobernador recibía millonarios pagos que continuaron aún después de dejar el poder.
En la segunda semana de enero de este año, el exmandatario tamaulipeco solicitó una ampliación del plazo para revisar todos los documentos en formato digital y estar listo para su defensa, por lo que propuso que sea a partir del 6 de marzo cuando se inicie formalmente el proceso y para el próximo 3 de junio las audiencias del juicio. Después seguirá el de García Luna.
Estos casos dejan ya una gran lección para México, porque la mayor tragedia es que más de la mitad de todos los testigos que desfilarán en ambos casos son personas que fueron detenidas en México y extraditadas a Estados Unidos, porque no existía algún caso en su contra en México, como si no hubieran delinquido acá.
Ya en territorio estadounidense decidieron negociar. Confesaron y se convirtieron en testigos protegidos, y cedieron parte de su riqueza, a cambio de menos tiempo en prisión, en lugares de menor seguridad y mantener la cercanía con su familia.
Es decir, las autoridades mexicanas no sólo renunciaron a recuperar dinero de estos presuntos criminales, también a hacer justicia y comenzar a desarticular, en serio, la corrupción interna, sino que además le dieron armas al gobierno de Estados Unidos para atacar y presionar a nuestro país.