Omar Gómez Trejo tiene en sus manos un caso paradigmático para la justicia en el país, pero que lleva tres años administrándolo. Para resolver un caso así se requiere que el responsable de las investigaciones deje fuera el ánimo de venganza, la ideología personal y el uso político de un caso. Pero todo eso es lo que hasta ahora él ha hecho. El jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República va contando en pequeños y convenientes capítulos el caso, enfocándose a perdonar a los culpables con tal de que le den información contra la presunta responsabilidad de exfuncionarios que según su visión, enturbiaron, desviaron, encubrieron o cometieron errores en sus tareas de indagar lo ocurrido a los 43 normalistas desaparecidos.
En esa ruta ha preferido derribar, incluso, lo que avalaron los grupos con los que él colaboró desde 2015, el de expertas y expertos Independientes (GIEI) y hasta el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ahora también sufren de amnesia. Pero lo que Gómez Trejo no ha hecho es investigar ¿Qué paso en la llamada noche de Iguala y qué ocurrió con los estudiantes? El contexto social, político y criminal, y todos sus brazos operadores para desarticularlos. Por desgracia, sólo administra los restos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sus peritos revisaron todos los fragmentos y restos que acumuló la entonces Procuraduría General de la República en la zona de Cocula, y que en una parte considerable el EAAF había ubicado o el GIEI había sido testigo de su recolección. De ellos determinó que 114 eran útiles para ser enviados al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, entre ellos “órganos dentarios, fragmentos de mandíbula y maxila”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense también lo consideró oportuno. ¿Por qué en tres años Gómez Trejo no ha ordenado el envío de estos fragmentos al laboratorio más especializado del mundo? Ponerle rostro a estas personas asesinadas permitiría encontrar a una parte importante de los 40 normalistas que faltan, y entonces ya no podría administrar el caso, y limitaría la persecución a exfuncionarios responsables en este caso, ya no podría continuar en una cacería política.
El jefe de la Unidad ha dicho que los peritos de la ahora Fiscalía descartaron muchos de estos restos para ser procesados en Innsbruck. Y también ha asegurado que en su gestión se han encontrado 180 nuevos restos en otros puntos de Cocula. Pero nada de esto ha dado a conocer Gómez Trejo en cuanto al lugar y forma en que fueron localizados, una imagen o dato preciso; no se ha atrevido a tener una conferencia de prensa y ha violado la ley al no continuar transparentando el expediente del caso que se hizo público en 2015. Es, sin duda, el más opaco de todos los investigadores del caso.
Acumula un gran número de imprecisiones que rayan en mentiras. El martes pasado, por ejemplo, aseguró que en 2015 y 2016 los resultados de Innsbruck a los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz solo había un 17 % de probabilidades de que fueran de él. Falso, el dictamen de la universidad fue como “moderado” en el nivel de correspondencia con la rama materna. Insiste así en la manipulación de la información, con la intención de generar una percepción de que todo lo hecho antes está mal, y por ende es posible perseguir o desprestigiar a cualquier funcionario. Pero no tiene carta abierta. El camino para acusar a más militares por este caso no es viable en este momento, el Ejército le puso un alto a Gómez Trejo. En una reunión en la que participaron integrantes del área de justicia militar que revisaron el expediente, cuestionaron sus indagatorias, especialmente que sean narcotraficantes sus pruebas más importantes.
Al interior de la FGR ha dicho que está cerca de probar la responsabilidad del exprocurador Jesús Murillo Karam, algo que no ha podido cuadrar. Ha ido acusando a algunos exministerios públicos, agentes y peritos, después de dos o tres intentos, tras rechazos de los juzgados. Pareciera que Gómez Trejo es un político disfrazado de investigador, que sólo administra el caso Ayotzinapa.
