Las autoridades mexicanas han afirmado que, procedentes de Estados Unidos, ingresan de manera ilegal alrededor de 200 mil armas a México cada año. Sin embargo, una investigación de varios años realizada por Ieva Jusiony, profesora asociada de seguridad internacional y antropología en la Universidad de Brown, revela que la cifra podría ascender hasta 500,000 armas. Muchas de estas armas proporcionan una potencia de fuego significativa a los grupos criminales, permitiéndoles derribar helicópteros e inutilizar equipo militar.
En otras palabras, este medio millón de armas significa más de 41,000 armas cada mes, o de manera más específica, se estima que ingresan alrededor de 57 de estos suministros criminales por minuto en promedio a nuestro país.
Estos datos, junto con muchos otros, se publicarán en abril de 2024 en el libro Heridas de salida: cómo las armas estadounidenses alimentan la violencia al otro lado de la frontera, editado por la Universidad de Brown. La investigación de Ieva Jusiony explica cómo las armas de fuego fabricadas y vendidas en Estados Unidos han desempeñado un papel crucial en la perpetración de violencia a través de la frontera con México.
Esta investigadora asociada de Harvard se ha especializa en el trabajo de campo en la frontera con México y ha escrito otros dos libros basados en sus investigaciones, además de uno sobre la triple frontera que conforman Paraguay, Argentina y Brasil. En todos los casos, sus estudios revelan sorprendentes detalles sobre la migración, la violencia y los delitos, siendo todos reconocidos por la prensa y recibiendo diversos reconocimientos. En su última obra, la doctora Jusiony siguió las armas de los traficantes desde Arizona y Texas hasta las escenas del crimen en México. En un video, la antropóloga señala que en los últimos 20 años, “los efectos de las armas estadounidenses sobre la sociedad mexicana han sido devastadores”. Estas armas se han utilizado para proteger mercados ilícitos y han sido empleadas en secuestros, desapariciones, amenazas y asesinatos de funcionarios públicos y periodistas. “Entre 2017 y 2021, más de 14 mil armas o el 43% de todas las armas recuperadas en algún acto criminal en México se vendieron en Texas, seguido de Arizona y California”, recuerda Jusiony en el video promocional de su libro. El documento también afirma que más del 70% de las armas recuperadas en actos criminales en nuestro país fueron adquiridas en tiendas estadounidenses.
Este libro es el resultado de una investigación llevada a cabo por la antropóloga de la Universidad de Brown entre 2018 y 2023. En sus propias palabras, “ofrece una mirada más profunda a este círculo vicioso de violencia y destaca las conexiones entre el tráfico de drogas y armas, y la crisis de refugiados en la frontera con Estados Unidos”. La aprobación de leyes que aumenten la seguridad para la compra de armas, como el uso de huellas digitales, el reconocimiento biométrico y la verificación de antecedentes penales para la compra de estos productos, reduciría la cantidad de armas que se importan ilegalmente a México. “Pero eso solo es el lado de la oferta; para interrumpir el círculo vicioso de violencia, también debemos analizar la demanda”, sostiene.
La creciente capacidad de fuego de los grupos criminales, su posible relación con grupos terroristas y las tensiones geopolíticas son el marco en el cual se explica el permiso que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado hace unos días. Durante los primeros tres meses del próximo año, un contingente de 11 elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidos como “Devoradores de Serpientes” en Fort Bragg, Carolina del Norte, operarán en México. Esta unidad ha destacado en misiones en Irak y Afganistán, así como en operaciones de inteligencia y contrainteligencia, y se alinea con el programa mexicano llamado “Fortalecimiento de las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Defensa”.
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