¿Y si los proyectos, compromisos y decisiones que están adoptando los integrantes del gabinete de seguridad que conformarán la administración de Andrés Manuel López Obrador se basara en información falsa? Las consecuencias serían muy graves.
Sería más peligroso y catastrófico como la decisión de Felipe Calderón de declarar su guerra al narcotráfico. Lo hizo, confesó alguna vez, sin información suficiente y con lo que tenía en cuanto a fuerzas operativas. El lado opuesto sería el de la famosa amnistía, echar andar un proceso de pacificación sin información consistente y verificada será exactamente lo mismo, sólo que sin muertos, simplemente el cáncer se quedará adentro y hará metástasis.
Pese a que se habla de que estamos sobrediagnosticados y se conoce perfectamente lo que ocurre en el país en cuanto a inseguridad, impunidad y corrupción; lo cierto es que sólo tenemos trozos, fracciones de realidad, porque en esta administración no se continuó haciendo lo que estaba bien, se fragmentó el trabajo institucional, no hubo coordinación y bastantes áreas dejaron de ser funcionales, además de haber sido penetradas por los grupos criminales, y no toda la información que producen las áreas especializadas es confiable.
En este momento se desconoce la capacidad real del Estado para diseñar operaciones que formen parte de un plan de acción integral que frene la violencia, permita la eficacia de la justicia y recuperar la plena gobernabilidad. La fuerza mejor armada y entrenada que se tiene para apoyar tareas de seguridad es la Policía Militar con unos 35 mil efectivos, y el área de inteligencia más confiable se ubica en la Marina. Pero no sería sano que siguieran siendo el eje de las operaciones.
¿Y el resto? Una Policía Federal fracturada, con buenos elementos y otros muy cuestionados. Que no han recibido equipo nuevo, ni siquiera patrullas. Y las División de Fuerzas Federales, el área con mayor capacidad de operación, sin respeto por el mando, Carlos Tornero Salinas, que de una policía municipal brincó a dirigir la fracasada Gendarmería, y desde 2016 a ser el responsable del diseño de los más importantes operativos de la corporación.
Una Plataforma México, diseñada supuestamente como el núcleo para la inteligencia contra el crimen, y ahora casi inservible. Siempre funcionó a medias y cuando llegó Manuel Mondragón prácticamente la desarticuló. Ahora los estados no le entregan información, no logró integrar las bases de datos de otras áreas y sólo se nutre de información de la propia Policía Federal.
Los penales federales no cuentan con el personal suficiente, apenas el mínimo indispensable. La carencia de custodios también se debe a la creación de la Gendarmería, porque no hubo ni dinero ni espacio para hacer los exámenes de control de confianza, todo se dirigía a esa policía. Los penales viejos adolecen de varios problemas de mantenimiento que en cualquier momento dejarían de garantizar la seguridad de sus instalaciones. El dinero que debió aplicarse no se hizo, y ahora forma parte de auditorías a colaboradores del exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong, como es el caso de Frida Martínez, Paulo Uribe Arriaga y el exoficial mayor de Gobernación, Francisco Márquez.
Se desconoce qué elementos de las policías estatales y municipales cuentan con una certificación confiable, el estado del equipo que tienen, y entrenamiento y capacitación real, esto último tampoco funciona a nivel federal, pues desde Alejandro Gertz Manero (en el 2000) los programas se fueron achicando y hoy día los propios agentes cuestionan su validez.
Las procuradurías o fiscalías estatales y la General de la República tienen pocos investigadores, sin recursos técnicos suficientes, y áreas de inteligencia y periciales con recursos muy limitados. En Hacienda una Unidad de Inteligencia Financiera sin resultados y cuestionada por posibles operaciones de extorsión a empresarios.
Y jueces y magistrados que, utilizando argumentos garantistas, otorgan amparos para que presos peligrosos sean trasladados a penales locales o no sean llevados de éstos a centros federales; además de autorizar visitas y beneficios. Casos que los consejos de la judicatura federal y locales no investigan.
El escenario de la operación criminal también se tiene fragmentado. La manipulación de cifras y la impunidad obliga a hacer diagnósticos regionales en los que participen los tres niveles de gobierno para identificar los problemas y, entonces sí, diseñar desde la inteligencia operativa, un plan de combate, de recuperación de las instituciones y del territorio, de sometimiento a la justicia y, entonces sí, de reconciliación.