Hace 16 años le dotaron de un edificio con varios pisos para que allí trabajara un equipo que integró a ministerios públicos, analistas, secretarias, peritos, investigadores, historiadores y especialistas en derechos humanos, entre varias especialidades más, en su mayoría entusiasmados con la misión que tenían enfrente. También obtuvo un presupuesto limitado, pero suficiente para trabajar; incluso, una parte de los recursos públicos podía gastarla sin justificar de forma tan estricta.
La tarea no era sencilla, era histórica. Representaba la oportunidad real de comenzar a hacer justicia, de acercarse a la verdad y caminar a la reconciliación. Era el gobierno de Vicente Fox y parecía que el ejercicio democrático permitiría mirar al pasado, rebuscar con seriedad en las desapariciones forzadas, en el papel de la guerrilla, en el movimiento estudiantil del 68 y en el Halconazo. Se trataba de entender en su contexto histórico y jurídico las acciones del Estado; de la represión y conocer el paradero de los desaparecidos, señalar a los responsables y castigarlos.
Se buscó entre algunos de los mejores abogados del país para encabezar esa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Uno de ellos, de los mejores penalistas del país, Fernando García Cordero, se entusiasmó, pero antes preguntó si iba en serio por parte del Ejecutivo. La respuesta no llegó y prefirió hacerse a un lado. Al final se designó a Ignacio Carrillo Prieto. Abogado conocido en el medio por dedicarse a la capacitación y a temas penitenciarios, pero nunca había integrado una averiguación previa, mucho menos encabezado una investigación. Sus libros se enfocaban más a la historia del derecho y a la política.
Como fiscal, Carrillo Prieto tuvo la mesa puesta, no sólo por el contexto político que significaba que por primera vez el PRI ya no gobernara, sino por el apoyo institucional, y porque existía el contexto legal y social para revisar el pasado con el ánimo de entender y reconciliar el futuro.
Este abogado llegó a la Fiscalía en enero de 2002 y la dejó en marzo de 2007. Tuvo cinco años para indagar, profundizar, cuestionar y dar resultados, pero no lo hizo, simuló. Las organizaciones civiles y hasta los especialistas que trabajaron con él denunciaron cómo trasquiló los informes, cómo no avanzó en las indagatorias sobre desaparecidos, cómo las acusaciones contra el expresidente Luis Echeverría, el exsecretario Mario Moya Palencia y los generales eran débiles, porque así lo decidió, y por si fuera poco, litigó en los medios. Su apuesta era al escándalo y reconocimiento público, pero poco hizo realmente en tribunales, a pesar de lo contradictorio de algunos fallos judiciales. No se atrevió a denunciarlos o a exhibirlos.
Su último informe, que era un simple libro blanco de su gestión, no pudo presentarlo como un documento histórico que recopilaba no sólo los documentos desclasificados, sino un cúmulo de pruebas que explicaran qué pasó en esos años, cómo se articuló el sistema y quiénes fueron los responsables. Ese documento no cumple las mínimas reglas jurídicas para sentar una verdad histórica. Fue un fracaso, un engaño y una traición.
Cuando las voces desde el Congreso y el Poder Ejecutivo comenzaron entre 2003 y 2005 a llamar a la reconciliación y perdón, Carrillo Prieto se mostró ambiguo, tanto, que declaró que una ley de amnistía para los militares era “loable”.
Después aseguró, sin ofrecer pruebas ni dar nombres que “hay que tener muy claro que el Ejército no diseñó, no inventó, no promovió, no provocó (...) El poder civil utilizó al Ejército para destruir la disidencia”.
Al paralelo de su gestión comenzaron los comentarios del despilfarro de recursos que hacía de la Fiscalía, se defendió, lo investigaron y no hubo manera de que evitara una inhabilitación de 10 años, por “negligencia administrativa”, la cual vencerá en 2024, de acuerdo al Reporte de Servidores Públicos Sancionados. Dilapidó los recursos, una segunda traición.
No es creíble lo que ha dicho en últimos días Carrillo Prieto sobre que Fox y el secretario de la Defensa, Clemente Vega, obstaculizaron las investigaciones. En todo caso, no hubo ética en su actuar para renunciar y denunciarlo en su momento, más bien fue parte de la simulación para proteger a un sistema del que hasta ahora vive. No es, ni será, un referente.
