La conmemoración del 8 de marzo no nace de una efeméride, sino del humo de un sistema que prefirió el cerrojo antes que la dignidad de las mujeres. Aquel 25 de marzo de 1911, 123 obreras murieron en la fábrica de ropa Triangle Shirtwaist de Nueva York, víctimas de un esquema de explotación que ya había sido advertido. Dos años antes, en el “Levantamiento de las 20,000" de 1909, las trabajadoras denunciaron precisamente la falta de seguridad y el hostigamiento sistemático de los capataces; sin embargo, los dueños optaron por ignorar esas demandas, manteniendo intactas las condiciones de riesgo.
Max Blanck e Isaac Harris, propietarios de la fábrica, convirtieron el espacio de trabajo en una sentencia. El día del siniestro, los cerrojos en las puertas de salida no respondieron a una omisión accidental. La defensa intentó justificar el encierro como una medida necesaria para evitar que las obreras sustrajeran prendas, pero en la práctica, los candados fueron la culminación de un régimen de vigilancia extrema. Ante el avance del fuego, algunas eligieron el vacío; otras sucumbieron a la asfixia tras las puertas cerradas. No fue una tragedia accidental, sino el resultado de un sistema que prefiere disciplinar a las mujeres antes que garantizar su integridad.
Por ello, lo ocurrido en 1911 fue la consecuencia de una indiferencia deliberada que priorizó el control punitivo sobre la vida. Fue una decisión que derivó en una impunidad que hoy nos recuerda una premisa fundamental: la complicidad de quienes callan ante el abuso es, en última instancia, lo que permite que este se perpetúe.
A más de un siglo de distancia, si bien la participación laboral femenina en México ha transitado de un marginal 6% a un 46% según el IMCO, la estadística no se traduce en igualdad sustantiva. El verdadero incendio para mí hoy es la violencia laboral. De acuerdo con la ENDIREH de 2021, el 27.9% de las mujeres trabajadoras ha experimentado discriminación, acoso u hostigamiento; prácticas sistemáticamente invisibilizadas por las jerarquías de poder.
Frente a esta realidad, la reciente Reforma a la Ley Federal del Trabajo del 15 de enero, se erige como un hito imperativo que deja atrás las buenas intenciones. Esta actualización normativa obliga a los centros de trabajo a implementar acciones contundentes de prevención y atención integral frente a la violencia de género exigiendo protocolos reales que protejan a las mujeres de manera específica. Ya no basta con que la norma exista en un manual; hoy, la ley es un instrumento de exigencia diseñado para garantizar entornos seguros y blindar la denuncia contra cualquier represalia. La justicia laboral ha dejado de ser un adorno de oficina para convertirse en el eje rector de un entorno digno, donde el acoso y el hostigamiento ya no encuentren refugio en el silencio.
México ha dado pasos sustanciales con la ratificación del Convenio 190 de la OIT, hito que identifica la violencia por razón de género como una categoría específica. Este marco reconoce que dicha violencia afecta a las mujeres de manera desproporcionada y exige, por tanto, un enfoque preventivo y de respuesta diferenciado. A este andamiaje se suma la doctrina de la Suprema Corte, que define el mobbing como la conducta sistemática para amedrentar o consumir intelectualmente a la víctima, buscando su exclusión o satisfaciendo la pulsión de agresión del hostigador.
Sin embargo, las leyes son letra muerta si se reducen a un discurso de ocasión. El “pacto entre caballeros” que hoy protege al hostigador es el mismo humo que asfixió a las obreras de la Triangle. Cuando la autoridad, teniendo la facultad de actuar, decide ignorar el hostigamiento sistemático bajo el pretexto de la “paz institucional”, deja de ser un árbitro para convertirse en parte y cómplice del agresor.
Este robusto andamiaje legal, no es una sugerencia, sino un mandato que demuele la discrecionalidad de los superiores. La justicia para las mujeres no llegará mientras los cerrojos administrativos sigan blindando la impunidad de quienes abusan del poder. Al final, el silencio cómplice de hoy es el mismo candado que cerró la puerta ayer. Defender mi dignidad, y la de toda mujer trabajadora, no es una petición de gracia; es la exigencia mínima de un Estado de Derecho que ya no admite simulaciones.
