A dos años de la explosión de gas que marcó la vida de Thalía Martínez en Matamoros, el caso sigue sin resolverse. La joven, que sufrió quemaduras en más del 60 % de su cuerpo, ha atravesado múltiples cirugías, injertos de piel, amputaciones y secuelas emocionales, sin que hasta ahora Engie México, responsable del suministro de gas en esa zona, haya asumido responsabilidad pública ni ofrecido una reparación formal. El expediente legal continúa activo y ha escalado a instancias internacionales, mientras la empresa mantiene su postura de deslinde.
Lo que comenzó como un drama local se ha convertido en un caso paradigmático que exhibe la manera en que Engie ha gestionado sus pasivos sociales en México. Lejos de resolverse, el caso de Thalía se suma a una cadena de conflictos abiertos que van desde demandas civiles y explosiones no atendidas hasta investigaciones regulatorias, protestas comunitarias y conflictos agrarios. Todo esto sucede mientras la empresa impulsa la mayor expansión de su historia en infraestructura energética y proyectos de transición verde.
El caso Thalía ya no es un tema de relaciones públicas: se ha convertido en una variable de riesgo corporativo. El monto de los gastos médicos acumulados rebasa los 40 millones de pesos y la demanda interpuesta por su defensa en una corte federal de Texas busca una compensación por más de 45 millones de dólares. Esta acción legal incluye no solo a Engie México sino también a su matriz global, Engie S.A., así como a ex directivos, y abre la puerta a una posible acción colectiva en la que se sumarían otras víctimas de explosiones vinculadas a redes de gas operadas por la empresa.
Y no son pocos los antecedentes. Desde 2022, se han reportado múltiples explosiones en Tamaulipas relacionadas con fugas en instalaciones de Engie. Entre los casos más graves está el siniestro en una tienda 7-Eleven en Matamoros, donde murieron dos personas, y otra explosión en Ciudad Madero que dejó al menos tres heridos. A la fecha, organizaciones ciudadanas aseguran haber documentado más de 300 incidentes relacionados con fugas o fallas en válvulas, medidores o conexiones operadas por la empresa. La respuesta ha sido mínima: investigaciones prolongadas, recursos legales para impugnar dictámenes y una política de litigio que ha retrasado cualquier intento de conciliación.
Pero los problemas de Engie no se limitan a Tamaulipas. En marzo de 2025, una falla en el suministro de gas natural entregado a través del gasoducto Mayakán provocó apagones masivos en los estados del sureste: Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. La Comisión Federal de Electricidad responsabilizó públicamente a la empresa por entregar gas con exceso de humedad, lo que causó fallas en las plantas de ciclo combinado. Aunque Engie implementó ajustes técnicos y programas de purga en estaciones de compresión, las consecuencias ya estaban en marcha: empresas afectadas, gobiernos estatales molestos, reguladores atentos y una pérdida significativa de confianza en la calidad de la infraestructura de la empresa.
Este episodio abrió una nueva investigación técnica que aún está en curso, encabezada por autoridades del sector energético. Dependiendo de sus conclusiones, Engie podría enfrentar sanciones, multas o cláusulas de penalización en sus contratos de transporte, especialmente si se comprueba que el gas entregado no cumplía con los estándares mínimos de calidad.
Tampoco hay tregua en Campeche, donde el proyecto de expansión Cuxtal II —clave para duplicar la capacidad de transporte de gas en la región— se ha topado con un conflicto agrario serio en el ejido de Pomuch. Los pobladores denuncian que la empresa pretende pagar cifras muy por debajo del valor comercial por el uso de sus tierras, y que las asambleas realizadas para aprobar esos acuerdos carecieron de transparencia y consulta real. Engie habría ofrecido un pago de apenas 30 pesos por metro cuadrado, mientras los ejidatarios exigen al menos 500. El conflicto ya está en manos del Tribunal Unitario Agrario bajo el expediente 320/2024, con una audiencia de conciliación agendada para octubre de 2025.
Este tipo de controversias no solo compromete el cronograma de obra —que debería concluir entre 2026 y 2027—, sino que también pone en riesgo la relación con socios financieros. En este proyecto en particular, Engie comparte inversión con Macquarie, fondo australiano que adquirió el 50 % del capital en un acuerdo que supera los 360 millones de dólares. Cada día de retraso o litigio representa un aumento en los costos de capital y una menor certeza de retorno para los inversionistas.
En Tlaxcala, la situación tampoco es favorable. El parque solar Nueva Xcala, promovido por Engie como parte de su portafolio de energías renovables, enfrenta una oposición social creciente. Comunidades del municipio de Calpulalpan y colectivos ambientalistas han acusado a la empresa de deforestar zonas protegidas y presentar estudios de impacto ambiental con información incompleta o sesgada. También han señalado que no se llevó a cabo consulta indígena, a pesar de que las tierras afectadas pertenecen a comunidades reconocidas por el INPI.
La Secretaría de Medio Ambiente está evaluando exigir un nuevo estudio de impacto o incluso suspender temporalmente el avance del proyecto hasta que se cumplan los requisitos legales. De concretarse, esto significaría al menos seis meses de retraso y nuevos gastos no previstos.
A estos pendientes se suma una investigación abierta por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, que desde mayo de 2025 indaga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte y comercialización de gas natural. Engie figura entre los operadores con mayor participación en estos segmentos, y su relación con CFEnergía y otros agentes del mercado ha sido señalada como posible ejemplo de integración vertical perjudicial para terceros. La investigación podría derivar en sanciones económicas, medidas de desinversión o la imposición de tarifas reguladas más estrictas.
Todo este panorama ocurre en medio de un relevo directivo. Brice Clemente asumió como director general de Engie México en febrero de 2025, en sustitución de Felisa Ros, quien fue promovida a un cargo regional. Clemente llega con una agenda orientada a fortalecer la seguridad operativa, cerrar el proyecto Mayakán y acelerar el despliegue de proyectos renovables. Sin embargo, los desafíos que enfrenta son más profundos que el cumplimiento de metas técnicas: debe reconstruir la confianza de las comunidades, atender demandas judiciales en expansión y lidiar con el creciente escrutinio de autoridades reguladoras y financieras, porque los que estaban han dejado y tomado decisiones irresponsables, con un desastre de consecuencias deleznables.
Hace unos días familiares de Alonso Estrada, joven que perdió la vida tras una explosión vinculada al gas natural, junto con miembros del colectivo #JusticiaParaAlonso, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Querétaro para exigir justicia y denunciar el riesgo que representa la red subterránea de gas en varias colonias. Señalan a la empresa francesa Engie por presuntas omisiones y negligencias en el mantenimiento de esta infraestructura, lo que, afirman, ha provocado tragedias evitables como la que cobró la vida de Alonso.
Engie México se encuentra en un momento decisivo. Si mantiene la estrategia de minimizar conflictos y litigar responsabilidades, los costos reputacionales y financieros seguirán escalando. Hoy la empresa no enfrenta solo uno o dos casos legales: enfrenta una red de demandas activas, conflictos sociales y cuestionamientos técnicos que han afectado a mexicanos sin importarles las consecuencias de sus decisiones.
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