A un año de la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024, todo indica que la situación de violencia en Sinaloa no tendrá fin en el corto plazo. El gobierno mexicano está rebasado por el crimen organizado para controlar dicha situación. Cualquiera que haya sido la realidad, de sí El Mayo Zambada fue secuestrado y engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, o fue una entrega pactada, lo cierto es que tal situación desencadenó un enfrentamiento fratricida al interior del Cártel de Sinaloa por venganzas y dominio de la plaza, entre los Chapitos, de los hermanos Archivaldo y Jesús Alfredo que aún están libres, y el Mayito Flaco de la Mayiza, con mil 600 muertes a la fecha.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum insistentemente ha solicitado información y explicaciones a los estadounidenses sobre la captura de El Mayo, lo cierto es que tal respuesta no llegará, la inteligencia no se comparte, más aún si no prevalece la confianza.
Nos encontramos en un escenario caótico en la lucha contra el crimen organizado, caracterizado por la desconfianza mutua entre Estados Unidos y México. Esta situación no es novedosa ni nueva, pero hoy adquiere dimensiones insólitas que no permiten la cooperación bilateral. México siempre ha sido sensible a una eventual injerencia estadounidense en sus asuntos internos, en tanto que Estados Unidos es un severo crítico de las autoridades mexicanas al más alto nivel carcomidas por la confabulación, la impunidad y la corrupción.
La detención del capo cayó como un balde de agua fría en el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la consideró como un atentado a la soberanía mexicana, ya que no hubo un proceso formal ni de cooperación en esta captura, sin respuesta del gobierno estadounidense. Lo ignoraron. López Obrador le había cerrado las puertas a la cooperación con la DEA y el FBI.
Para algunas autoridades estadounidenses el traslado de El Mayo fue limpio, quirúrgico y eficaz y Estados Unidos actuará solo cuando sea necesario, aseveran. Y en territorio mexicano hasta hoy retumba la tierra a los más altos niveles políticos, de seguridad, justicia y empresariales, por las declaraciones, secretos y travesuras que puedan contar personajes como El Mayo u Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable por narcotráfico e ingresó al sistema de testigos colaboradores del sistema judicial estadounidense.
Entre tanto, la táctica de la “cabeza fría” de la presidenta mexicana posiblemente ha evitado una severa confrontación con el mandatario estadounidense momentáneamente, pero esta táctica no ha impedido imposiciones a México, cuyas presiones continuarán y se incrementarán, en una relación política asimétrica, donde sus asesores, el gabinete de seguridad y la propia Cancillería mexicana la dejan como una voz solitaria, empañada de deslices.
La presidenta está parada en un peldaño muy vulnerable donde no se asoma una estrategia clara y eficaz para combatir al crimen organizado, más que balazos, algunas detenciones de poca monta o selectivas y la clausura de laboratorios clandestinos que por sí solos no resuelven el tema, como respuesta reactiva a la presión estadounidense, estrategia tan criticada por los mismos obradoristas en el gobierno calderonista.
Varias cuestiones detonan su vulnerabilidad: la ausencia de la capacidad del Estado para combatir a los criminales y de la aplicación de la ley. Ni México ni Estados Unidos por sí solos podrán contrarrestar la fuerza del crimen organizado sin cooperación y restablecimiento de la confianza, escenarios muy lejanos, ante un presidente estadounidense lioso y un discurso mexicano cargado de nacionalismos frívolos y convivencias políticas y delincuenciales muy fuertes, léanse, por ejemplo, el mismo Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz o Tabasco. Es necesario limar el legado de contubernio del gobierno pasado inmediato, del obradorismo, es el gran reto, pero los temores y los compromisos políticos al parecer lo impiden.
