La Ciudad de México, la que más museos tiene en el mundo, uno de los destinos turísticos más concurridos a nivel global, siempre está a la vanguardia. Es un espacio de voces, arte y progreso. Para muchas personas, el corazón de nuestro país. Pero, más allá de su cara cosmopolita y progresista, es, al mismo tiempo, tan sólo un microcosmos, un síntoma más de algo que, debajo de la alfombra, sigue ocurriendo en todo el país: la discriminación.
Mientras la capital se abre al resto del mundo con bombo y platillo, el día a día de las personas que aquí habitan, las que no se ajustan a sus estándares de perfección y grandeza, viven una realidad muy distinta. Tal es el caso de Alexa Andrade, una mujer trans a la que una guardia de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) le prohibió el acceso al vagón exclusivo para mujeres, alegando que “eres un caballero”.
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto en la estación Merced, de la línea 1. Alexa denunció públicamente lo sucedido, destacando que, en pleno 2025, parece que para ser respetada en la ciudad es necesario portar una identificación que acredite el cambio de género.
Tras la denuncia, el Metro de la Ciudad de México emitió un comunicado lamentando lo sucedido y asegurando que abrirán una investigación para verificar si la actuación del personal de seguridad se realizó conforme a protocolo, comprometiéndose a aplicar sanciones correctivas en caso necesario. La dependencia reiteró que opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad, e invitó a las personas usuarias a denunciar cualquier acto de discriminación que ocurra en la red.
Pero más allá de la respuesta institucional, la pregunta es por qué este tipo de agresiones siguen ocurriendo en la ciudad que presume ser la más abierta y segura para la comunidad LGBT+ en todo el país. El discurso oficial se llena de mensajes de inclusión, pero en la práctica, la experiencia cotidiana de muchas personas trans y no binarias se traduce en miradas incómodas, comentarios hirientes y, como en el caso de Alexa, actos de exclusión directa.
No es un hecho aislado. Apenas semanas atrás, Alejandro Carrillo denunció una brutal agresión física y verbal por parte de sus vecinos en la alcaldía Benito Juárez, acompañada de insultos homofóbicos y amenazas de muerte. Antes, un video viral expuso a una mujer que insultó a una familia de origen asiático en una cafetería, confirmando que el racismo y la xenofobia también viven cómodamente entre nosotros.
La diferencia en la respuesta social y mediática a estos casos suele ser reveladora: la discriminación contra las personas trans o contra cualquier minoría históricamente marginada muchas veces es minimizada, ridiculizada o supeditada a la idea de que “algo habrán hecho”. Y en ese terreno fértil para la impunidad, los agresores se sienten respaldados, mientras las víctimas tienen que defender no sólo su derecho a existir, sino también su derecho a no ser cuestionadas por exigirlo.
La discriminación institucional —la que viene de quienes están investidos de autoridad o se amparan en supuestos protocolos— es especialmente peligrosa, porque no se trata sólo de un acto individual, sino de un mensaje implícito que valida la exclusión. Cuando es una guardia de seguridad quien le dice a una mujer trans “eres un caballero” y le cierra el paso, no sólo está cometiendo una agresión personal: está recordando que, para ciertos sectores, la identidad de las personas es un asunto opinable, sujeto al prejuicio de quien tiene enfrente.
La Ciudad de México podrá tener todos los museos, exposiciones y festivales del mundo, pero mientras una parte de su población tenga que portar documentos para ser respetada, y mientras el respeto dependa del juicio personal de un agente de seguridad, seguiremos viviendo en una metrópoli donde el progreso es una fachada y la inclusión, un privilegio condicionado.
