En el Registro Civil aprendí algo que no viene en los manuales ni en las leyes: la identidad no empieza en un documento, empieza cuando el Estado reconoce a una persona. Antes de eso, para el sistema simplemente no existe.
He visto a personas adultas mayores llegar a una oficialía con una bolsa de plástico donde guardan toda su vida: una constancia vieja, una copia borrosa, a veces nada. También he visto correcciones de acta que llevaban años sin resolverse y que, por un solo dato mal capturado, dejaron a alguien fuera de un servicio de salud o de un apoyo social. Eso no es un error menor, es una forma silenciosa de exclusión.
Durante mucho tiempo tratamos la identidad como un trámite más: copias, sellos, filas interminables, etc. El resultado era predecible: duplicidades, suplantaciones, rezago y desconfianza. Cuando el Estado no tiene certeza sobre quién eres, tampoco puede garantizar tus derechos.
En ese contexto surge la CURP biométrica. No como un capricho tecnológico ni como una moda importada, sino como una respuesta a problemas reales que ya enfrentamos todos los días. La biometría ofrece una ventaja esencial: que cada persona sea reconocida como única, que nadie pueda ser tú, sin ser tú, y que un trámite no dependa de un papel que puede perderse, sino de la certeza de la identidad.
Como servidor público lo veo con claridad: una identidad bien acreditada reduce fraudes, agiliza trámites y fortalece la certeza jurídica. Cuando salimos a territorio y atendemos a comunidades muy marginadas, por ejemplo, hemos comprobado que cuando los datos son correctos y confiables, el acceso a derechos se vuelve inmediato. Cuando no lo son, el problema se multiplica.
Sería cómodo negar los riesgos de este cambio, pero también sería irresponsable. Los datos biométricos son datos sensibles y exigen el nivel más alto de protección. La centralización de información obliga al Estado a ser más transparente, más auditado y mejor vigilado por la sociedad. Aquí no hay espacio para la improvisación ni para la opacidad.
También hay que decirlo con claridad: la biometría no debe convertirse en una barrera. Deben existir alternativas, acompañamiento y una implementación gradual que no deje fuera a quienes históricamente ya han sido excluidos. La tecnología no puede avanzar más rápido que la capacidad del Estado para explicarla, protegerla y regularla.
La discusión, entonces, no es si debemos avanzar o no. La discusión es cómo hacerlo con reglas claras, con límites precisos y con una visión humana que recuerde que detrás de cada dato hay una persona, una historia y un derecho que debe ser exigible.
La historia de la identidad en México siempre ha sido polémica. El acta de nacimiento lo fue. La CURP también. Hoy nadie duda de su valor. La CURP biométrica representa un nuevo capítulo en ese mismo proceso: el paso de sistemas fragmentados a una identidad sólida, confiable y útil para la vida cotidiana.
Cuidar la identidad de la gente es cuidar su acceso a derechos, su seguridad y su futuro. Un Estado que entiende esto no solo moderniza su administración: fortalece la relación con su ciudadanía y, con ello, su democracia.
