En Nuevo León de Samuel García se ha ido consolidando una narrativa que ya no proviene de un solo sector ni de una sola empresa. Cada vez con mayor frecuencia, actores productivos describen un mismo patrón: uso de facultades administrativas como mecanismo de presión y cobros que, aseguran, no siempre están sustentados en procesos fiscales ordinarios. No es un señalamiento aislado ni coyuntural; es una percepción que se ha extendido y que hoy forma parte del debate público. El caso de la empresa Matrimar es ilustrativo. El 31 de diciembre de 2025, la compañía emitió un comunicado en el que afirmó haber acreditado ante diversas instancias del Estado que le asiste la razón jurídica y administrativa, y calificó su clausura como carente de sustento legal. Subrayó que, pese a más de tres semanas sin operación productiva, continuó pagando salarios y aguinaldos, y reiteró su disposición a mantener un diálogo institucional para restablecer actividades en una región con limitada inversión y alta dependencia del empleo industrial.
De acuerdo con versiones del sector empresarial, las exigencias económicas vinculadas al llamado impuesto verde habrían escalado de montos millonarios de más de tres cifras, sin que exista claridad pública sobre el origen exacto de esos cálculos. Estas versiones han circulado de forma consistente en el entorno industrial y forman parte del contexto que explica la judicialización del conflicto, aunque no se trate de adeudos oficialmente determinados en documentos fiscales accesibles. La secuencia de hechos ha alimentado la controversia. Matrimar fue clausurada inicialmente por la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero. Posteriormente, tras obtener una resolución judicial que permitiría la reapertura, la empresa volvió a ser cerrada, ahora mediante la intervención de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Federico Rojas Veloquio, quien además coordina el Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible del Gobierno estatal. Para empresarios consultados, esta cadena de acciones refuerza la percepción de que el conflicto trasciende lo ambiental o laboral y se centra en la presión económica.
La pregunta que surge es por qué, ante montos tan elevados, el caso no ha seguido la ruta fiscal tradicional. Hasta ahora, no se conocen reportes públicos de auditorías del SAT estatal, encabezado por Carlos Contreras Gómez, ni la notificación de créditos fiscales firmes que respalden formalmente esos cobros. Lo que sí se ha documentado son clausuras administrativas, inspecciones reiteradas y exigencias económicas que, según los afectados, se basan en estimaciones técnicas y criterios discrecionales, no en procedimientos tributarios ordinarios. A ello se suma que distintos rubros han reportado presiones similares: desarrolladores inmobiliarios enfrentan tramitología excesiva y solicitudes extraordinarias documentadas en municipios como García, Juárez y Pesquería; concesionarios de bicicletas públicas anunciaron el cierre de operaciones en 2025; y existen reportes aislados de inspecciones y operativos en notarios, restaurantes y otros giros.
Desde el sector privado también circula una versión políticamente incómoda. Algunas voces sostienen que Matrimar habría buscado una negociación directa con el gobernador Samuel García, dada la cercanía histórica de la empresa con Movimiento Ciudadano, bajo la expectativa de que se respetara un acuerdo previo de no cobro. Lo que siguió, afirman voces, fue un cambio abrupto de postura y el endurecimiento de las medidas. No se trata de una acusación judicial, pero sí de una percepción extendida que ha deteriorado la confianza empresarial. Este clima no se limita a un solo caso. Apenas este 6 de enero, representantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), provenientes de más de una decena de estados, denunciaron públicamente extorsiones por parte de tránsitos municipales en Nuevo León, así como cobros excesivos de grúas y corralones que han alcanzado hasta 500 mil pesos, con pérdidas acumuladas superiores al millón de pesos por unidad detenida. Cuando pedreras, transportistas y otros sectores describen prácticas similares, el problema deja de ser anecdótico. En Nuevo León, la línea entre regular y recaudar parece cada vez más difusa, y cuando gobernar se confunde con cobrar, el daño no es sólo económico: es institucional. Y a todo esto agregue los desafortunados desaciertos y penosos del gobernador de Movimiento Ciudadano siendo el más reciente aquel donde presumía que Países Bajos, jugaría sus partidos del mundial de futbol 2026 en Monterrey.
Complican a Telefónica
La salida de Telefónica de México, se ha convertido en un proceso cada vez más complejo y costoso, reflejo de una estrategia que llegó tarde a reconocer que el mercado ya no ofrecía espacio para un jugador sin escala, sin red propia y sin una propuesta claramente diferenciada. Tras años de desinversión, pérdida de infraestructura y erosión de su base de clientes, la operación mexicana quedó reducida a un modelo de OMV con márgenes estrechos, alta dependencia de terceros y un atractivo limitado para inversionistas que buscan crecimiento o control estratégico. A ello se suma un entorno mucho más agresivo, con otras empresas consolidándose como operadores dominantes y una proliferación de OMV de bajo costo que presionan precios y hacen aún menos viable la recuperación del negocio tradicional.
Telefónica intenta rescatar valor fragmentando la operación y destacando activos puntuales, como el segmento B2B y los servicios digitales que, paradójicamente, ya no dependen del negocio móvil que alguna vez justificó su presencia en el país. Sin embargo, esta misma fragmentación evidencia que el modelo está agotado y que el activo “tal como está” resulta difícil de colocar en el mercado. El panorama se complica todavía más por el litigio fiscal con el SAT, que introduce un riesgo legal y financiero significativo justo en el momento en que la compañía busca certidumbre para cerrar una transacción. Así, Telefónica enfrenta una salida tardía, condicionada y con descuento, en un mercado que evolucionó sin ella y que hoy le exige asumir el costo de no haber entendido a tiempo su dinámica competitiva.
Voz en Off
Pop Mart amplió su huella manufacturera al sumar nuevas plantas de producción en México, Camboya e Indonesia, como parte de una estrategia para reforzar su cadena de suministro y responder al fuerte crecimiento global de la demanda por sus figuras coleccionables, especialmente Labubu. En México, la compañía opera mediante acuerdos con socios locales, sin fábricas propias, con el objetivo de atender de forma más eficiente al mercado de América del Norte, reducir riesgos logísticos y sostener su expansión internacional tras el sólido desempeño comercial registrado durante 2025….
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