La propuesta gubernamental de reforma electoral que se pretende volver iniciativa de ley en unas semanas, se sustenta en la pretensión de abaratar el costo de los comicios en México. A riesgo de sobresimplificar la situación, por el contenido que se ha conocido y el objetivo que se dice perseguiría, ese proyecto buscaría sacrificar la pluralidad del sistema político en aras de una austeridad fácil de vender a la sociedad como promesa, pero imposible de justificar como política pública.
Apenas el martes 20 de enero, la senadora Laura Itzel Castillo, hija de un prócer de la democracia mexicana: Heberto Castillo Martínez, señaló que existe un consenso social generalizado que exige abaratar el costo en las elecciones mexicanas. La senadora no ofreció ninguna prueba de su afirmación, pero aún si fuera cierta, no sería correcta y mucho menos conveniente atender una opinión en ese sentido, por mayoritaria que fuera.
Utilizar como argumento el supuesto clamor por gastar menos en elecciones es tan absurdo como alegar que, debido a un consenso social generalizado contra la popularidad de los impuestos y de su correcto uso, estos deberían desaparecer sin importar las consecuencias para la Hacienda Pública. Si el clamor popular va a dictar las políticas públicas, como lo sostiene la senadora sin demostrar la existencia de ese clamor, entonces no solo los impuestos, también las policías, profundamente impopulares, tendrían que desaparecer. Más aún, los maestros de la CNTE que todo lo destrozan y suspenden clases cada vez que se les ocurre protestar, tendrían que ser expulsados del Sistema Educativo Nacional, los presidentes municipales y ojo, los agentes del Ministerio Público que cargan uno de los peores prestigios entre los ciudadanos, o los jueces, que atienden tarde, mal y nunca los reclamos de justicia del pueblo, tendrían que desaparecer de la escena y del presupuesto público.
Suprimir una sola de esas figuras impopulares permitiría ahorros mucho mayores de los que supuestamente se obtendrían con abaratar el costo de las elecciones. Pero así como la austeridad no justifica desmontar un sistema educativo aunque no satisfaga a nadie, ni uno de procuración de justicia aunque ofrezca pésimos resultados, ni tampoco uno de seguridad pública aunque prevalezca la inseguridad, y menos uno recaudatorio que, aunque mejora, tiene uno de los índices de recaudación más bajos de toda la Organización Mundial de Comercio, la austeridad no es una razón válida para suprimir la pluralidad y dejar sin representación política a la mitad de los mexicanos.
El argumento del costo de la democracia, ahora expresado por Laura Iztel Castillo pero antes repetido por muchos otros políticos, de Morena y de otros partidos en diferentes momentos, no es otra cosa que una falacia populista. De hecho, comparado con otros sistemas como el de recaudación de impuestos, el educativo, los de procuración y administración de justicia y el de seguridad pública, por citar algunos, el sistema electoral mexicano consume muchísimo menos presupuesto que aquellos y entrega resultados mucho más satisfactorios, sin ser perfectos. La mejor prueba de esos buenos resultados tiene nombre y se llama alternancia. Los mexicanos han hecho valer su voto y sus preferencias y han constatado que sus votos cuentan a través, no de una, ni de dos, sino de tres alternancias.
Por otra parte, es al menos absurdo alegar austeridad para cercenar el sistema electoral mexicano cuando México le ha regalado a Cuba 3 mil millones de dólares en petróleo en el último año, aparte de que le entregó a Pemex, en transferencias y apoyos extraordinarios, 392 mil millones de pesos entre enero y diciembre de 2025; algo así como mil 173 millones de pesos al día.
Considerar absurda la discusión del contenido de la reforma electoral que viene porque el proyecto aún no se presenta, es jugar al Tío Lolo, pues igual que la senadora Castillo, muchos otros integrantes del régimen, incluido el “ilustre” Pablo Gómez, ya han dibujado su esencia.
Lo que la reforma proyectada busca no es gastar menos dinero, pues para eso existen infinidad de mayores áreas de oportunidad en el gobierno mexicano. Tal como está orientada, lo que la reforma electoral pretende es suprimir la pluralidad a partir de acabar con la competitividad del sistema de partidos dejándolo sin dinero, para sustituirlo por uno de partido ultradominante como el del PRI de los años sesenta y setenta. Ante esa pretensión, sólo queda recordar una frase incontrovertible: Más vale una democracia cara, que una dictadura gratuita.
@EnvilaFisher
