A sus 18 años, Dulce Belem Sánchez Castañeda desafió las expectativas para cumplir su sueño: ser policía federal. “Lo llevo en la sangre”, afirmaba, pese a la preocupación de su padre por los riesgos que enfrentaría como mujer. Con un desempeño sobresaliente, parecía haber encontrado su verdadera vocación. Sin embargo, tres años y medio después, el sistema que juró proteger la traicionó. Estaba embarazada de cinco meses —de gemelas— cuando fue detenida, torturada hasta perderlas y, finalmente, condenada a 70 años de prisión por delitos que no cometió.
Dulce Belem, pasó de ser una oficial ejemplar a convertirse en el expediente 22/2023. Después de enfrentar múltiples irregularidades procesales durante 13 años en espera de justicia, finalmente logró que su caso llegara, en 2023, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias al respaldo del ministro en retiro Arturo Zaldívar. Desde el penal de Santa Martha Acatitla, Dulce expresó su gratitud hacia él, hacia su abogada Jessica Vallarino y la activista Saskia Niño de Rivera, quien ha documentado y visibilizado su caso.
No obstante, desde 2023 su caso permanece irresuelto en la Primera Sala de la Corte, en la Ponencia de la ministra Loretta Ortiz. En este contexto de renovación institucional -donde ella ha establecido como prioridad garantizar justicia pronta y erradicar la impunidad para con las mujeres- nos permitimos presentar la atenta solicitud de Dulce:
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“Llevo 13 años recluida por un delito que no cometí. Me dictaron una sentencia de 70 años por robo agravado y secuestro exprés, cuando en realidad me encontraba en Guadalajara, comisionada por la Policía Federal para el evento Sub-17 con la FIFA el día de los hechos.
Durante mi detención fui torturada, violada y, como consecuencia de la violencia ejercida, perdí a mis gemelas, tenía 5 meses de embarazo. Es importante señalar que en mi proceso hubo violencia de género, un arraigo inconstitucional y tortura comprobada, pues la Comisión de Derechos Humanos intervino en mi caso y confirmó que obtuve resultados positivos en los protocolos psicológico y médico de Estambul, los cuales acreditan las torturas sufridas.
Mis pruebas incluyen documentos internacionales de la FIFA y oficiales de la Policía Federal del Gobierno de México. Hoy le pido piedad por mi inocencia. Cada día clamo por libertad, miro al cielo suplicando justicia, preguntándome cuándo reconocerán mi inocencia.
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Ministra, las secuelas de la tortura son evidentes: mi ojo derecho perdió visión considerable, tengo lesiones en el cráneo, cicatrices por todo el cuerpo, incluso en mis partes íntimas, y mi pie izquierdo fue operado.
Mi hijo de 6 años me necesita. Cada vez que me pregunta cuándo saldré, con un nudo en la garganta solo puedo responderle: ‘Pronto, hijo’. Al colgar el teléfono, le pido a Dios que se haga justicia y me permita recuperar mi libertad para estar con mi familia. Por ello, le ruego humanidad y una pronta resolución a mi caso…”
El caso de Dulce, refleja la cruel paradoja que enfrentan cientos de mujeres en México: víctimas de violencia de género, terminan criminalizadas por el sistema que debería protegerlas. Durante su injusto encarcelamiento, sufrió abuso sexual, violencia obstétrica y la pérdida de sus gemelas, crímenes que permanecen en la impunidad.
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Este caso trasciende la restitución de su libertad para convertirse en una oportunidad histórica de transformación judicial. Su resolución sentará un precedente fundamental para la administración de justicia con perspectiva de género, demostrará el fin de la negligencia institucional contra mujeres y marcará un punto de inflexión en la renovación del sistema judicial.
En el contexto actual de transformación judicial -donde usted ha subrayado como prioritario erradicar la impunidad en casos de violencia contra mujeres y garantizar procesos ágiles-, la resolución favorable de este caso es urgente. No existe excusa que justifique postergar la atención a este emblema de las peores fallas del sistema.
Por ello, hacemos un llamado para que, como ministra, mujer y feminista, resuelva con la máxima celeridad. Su decisión no solo representaría hacer justicia tras trece años de espera, constituiría un acto reparador para corregir una de las más graves fallas del sistema judicial, demostrando el compromiso, en los hechos, con la erradicación de la violencia institucional contra las mujeres.
