He escuchado decir a Jordan B. Peterson que, como psicólogo clínico, nunca en sus años de práctica ha visto a alguien salirse con la suya. Ni una sola vez. Se trata de una observación empírica escalofriante que, sin embargo, no debe sorprender. Desde hace cientos de años, los antiguos herméticos enseñaban esto como la ley de la causa y efecto: las acciones desencadenan consecuencias que, tarde o temprano, de una manera u otra, configuran la realidad de quien las ha llevado a cabo. Una realidad abrumadora y feroz cuando se obra mal, que puede materializarse en el mundo material o en el fuero interno de quien la experimenta.
En 2005, Israel Vallarta fue detenido, acusado de pertenecer a una banda de secuestradores. Después de su detención, autoridades y medios de comunicación llevaron a cabo un montaje fílmico que simulaba su captura en vivo, pero en el que lo violentaron de verdad. Durante la transmisión televisiva, policías y reporteros no se inmutaron al ver cómo se retorcía de dolor cada vez que la mano en su cuello lo agredía. A la postre, este montaje fue una de las razones por las que, en 2013, se liberó a Florence Cassez -su pareja- quien había sido detenida en condiciones similares. Ahora, tras casi 20 años de prisión “preventiva”, el viernes pasado, Israel Vallarta fue finalmente liberado y, en sus primeras entrevistas, declaró: “Va a haber consecuencias para los responsables verdaderos” y “Busco la verdad, no la mía, la existente, la única, no la de la policía ni los jueces ni los fiscales. Busco la justicia”.
A mi manera de ver las cosas, un primer paso en la búsqueda de justicia en este caso es que se restaure el equilibrio roto. Se trata de la vieja justicia aristotélica (conmutativa) que nos constriñe a dar a cada uno lo que corresponde. En derecho, ésta se materializa mediante el derecho de daños, ese conjunto de normas que ordena a una persona a pagar a otra hasta el último centavo que le haya hecho perder a causa de su conducta ilícita.
¿Quién, pues, habrá de indemnizar a Israel Vallarta por el costo de su defensa legal durante 20 años? ¿Quién habrá de pagar las ganancias lícitas que dejó de percibir? ¿Quién le reparará por el dolor físico y emocional sufridos, así como por el disfrute de vida perdido, durante casi un tercio de vida encerrado sin sentencia? ¿Quién?
¿Sería el Estado responsable por la conducta irregular de policías que prepararon el operativo y agredieron a Vallarta? ¿Lo sería también por la conducta irregular que, en su caso, hubiesen realizado fiscales y jueces con el objeto o efecto de entorpecer indebidamente el proceso judicial? ¿Acaso no habría que responder, incluso, por mantener un andamiaje normativo de prisión preventiva oficiosa violatorio de la presunción de inocencia y de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Cómo debiesen concurrir a esa responsabilidad quienes, desde el sector privado, hubiesen, a sabiendas, coadyuvado?
Honestamente, no sé si Vallarta realizó o no las conductas por las que fue perseguido todos estos años. Lo que sí es claro es que, conforme a la ley, sin condena tenía derecho a ser tratado como inocente, dentro y fuera de procedimiento. Sin embargo, se le mandó a prisión preventiva por 20 años. Y, por tanto, una correcta reparación debe valorarse seriamente en este caso.
Ya sobre la justicia retributiva, el reproche a quienes intervinieron y la sanción que, administrativa o penalmente, corresponda, podremos hablar en otro momento. Baste por ahora decir que, incluso si el derecho penal no hace su trabajo en este frente, lo hará la severa e inmisericorde consciencia de quien sabe lo que ha hecho. Dostoievski es muy claro sobre esto: nada escapa al juicio interno.
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez
