Sin la menor duda, los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre su primera medición de la pobreza, tras la absurda desaparición del CONEVAL, muestran una mejoría en varios aspectos de la situación de la población y son consistentes con la también reciente publicación del INEGI sobre la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024.
Podemos separar la información en dos capítulos. El primero ha sido todo un éxito e incluye la reducción de la pobreza por ingresos, que pasó de 49.9% en 2018 a 35.4% en 2024. También abarca la disminución de quienes, además de bajos ingresos, presentan al menos una carencia social, que bajó de 41.9% a 29.6% en el mismo periodo. Finalmente, se observa una reducción en la pobreza extrema, que pasó de 7.0% a 5.3% en los últimos seis años.
El segundo capítulo podría denominarse pobreza de derechos, ya que incluye las carencias relacionadas con los derechos inalienables establecidos en la Constitución, como salud, seguridad social, educación, vivienda y alimentación. En este ámbito, los resultados no son tan buenos, pues una parte significativa de los encuestados manifestó carecer de al menos uno de estos derechos. Destaca el caso de la seguridad social, cuya ausencia afecta al 48.2% de la población, seguido por los servicios de salud, con una carencia del 34.2%, y el rezago educativo, que alcanza al 18.6%. Imagino que estos datos serán motivo de ocupación para la administración pública federal, sobre todo al identificar en qué estados se concentran estas carencias, que se ubican principalmente en el sur del país.
La decisión del gobierno anterior de incrementar sustancialmente los salarios mínimos, junto con la ampliación de los programas sociales y seguramente el impacto de las remesas enviadas por los mexicanos radicados en Estados Unidos han sido factores fundamentales para esta mejora en los ingresos.
Esto constituye, además, una de las mejores demostraciones a nivel mundial de que los apoyos incondicionales de carácter universal, cercanos al concepto de Ingreso Ciudadano Universal (ICU), funcionan. La pensión para adultos mayores es quizás el mejor ejemplo, ya que se otorga a todos sin distinción, sin necesidad de encuestas, únicamente por cumplir con la edad requerida, y lo más importante es conservarla como un tesoro, sin burocracia ni corrupción.
Sin embargo, quizá sea momento de revisar aquello que se puede mejorar y que, en mi opinión, se sacrificó para destinar recursos a la entrega directa de dinero a las familias. Me refiero a la salud y la educación, que fueron castigadas presupuestalmente durante la administración pasada, como lo confirman los resultados del INEGI. Confiamos en que para el presupuesto de este año se tomen en cuenta estos datos y se incrementen las aportaciones a estos dos derechos consagrados en la Constitución.
En cuanto a los programas sociales, resulta sorprendente cómo los oligarcas y sus voceros los atacan y dicen barbaridades, como afirmar que la pensión para adultos mayores o los demás apoyos desincentivan la búsqueda de empleo. Pretender que con 3,000 pesos al mes se pueda vivir hoy es irreal. Lo que estos miembros del 1% más rico de este país deberían hacer es invertir y generar empleo, en lugar de vivir únicamente de las rentas.
Ahora viene una de las etapas más difíciles: sostener los programas en su crecimiento. Para ello, será fundamental alcanzar un desarrollo económico con tasas superiores a las de los últimos años, impulsado por la inversión pública y privada, y tomando en cuenta que el panorama de las remesas podría complicarse.
Existen numerosos anuncios de inversión en el llamado Plan México; ahora es momento de materializarlos para garantizar la continuidad de esta excelente noticia: la mejora de los indicadores de pobreza en nuestro país.
