“El contrato social exige que el Estado proteja la vida y seguridad de sus ciudadanos.” Jean-Jacques Rousseau
México vive momentos complejos en cuanto a inseguridad, recientemente, tres eventos han sacudido al país y han puesto en evidencia la ausencia de una estrategia clara, coordinada y eficaz por parte de las instituciones encargadas de proteger a la población.
El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, expone, una vez más, la impunidad cotidiana y la insuficiencia institucional frente a la violencia contra las mujeres, Edith salió de su casa el 15 de abril para acudir a una supuesta entrevista de trabajo que encontró en línea. Nunca regresó.
Lo más indignante es que sus propios familiares fueron quienes proporcionaron a la Fiscalía toda la información clave y la autoridad no actuó con la urgencia requerida. Más indignante fue que según declaraciones algunos funcionarios les pidieron dinero para “agilizar” la búsqueda.
¿Por qué, a pesar de las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en el país, las instituciones se niegan a aplicar protocolos efectivos y eficientes ante las denuncias de desaparición? No hay alerta inmediata, no hay coordinación interinstitucional real y no hay recursos suficientes para las búsquedas, entre otros. La burocracia y, en ocasiones, la corrupción, pero principalmente la impunidad convierte el dolor de las familias en un calvario interminable.
Por otro lado, el 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán, un hombre subió a la Pirámide de la Luna inexplicablemente armado y abrió fuego contra turistas, matando a una mujer canadiense e hiriendo a 13 personas más, entre ellas dos menores de edad, al final el agresor se suicidó en el lugar, después de no haber sido sometido por los elementos de seguridad.
¿Dónde estaba la seguridad? ¿La Guardia Nacional cuenta con puestos de revisión en zonas turísticas de alto flujo? ¿Quién está realmente encargado de resguardar el patrimonio nacional? La zona arqueológica depende administrativamente del INAH, pero la seguridad operativa es una mezcla confusa de policías estatales, federales y, supuestamente, elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, los hechos demuestran que no había un protocolo efectivo, ni una coordinación interinstitucional adecuada.
Este incidente golpea la imagen internacional de México a pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el mensaje es desalentador ya que ni siquiera los sitios más icónicos y visitados están a salvo, se debe reconocer que la negligencia en la vigilancia no solo cuesta vidas; cuesta credibilidad y recursos económicos.
El tercer hecho, ocurrido apenas un día antes, involucra la muerte de dos supuestos agentes de la CIA en un incidente automovilístico en Chihuahua. Los estadounidenses regresaban de un operativo contra un narcolaboratorio, junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, algunas versiones apuntan a que el vehículo cayó por un barranco y otras a que fueron agredidos, lo grave no es solo el accidente; es lo que revela sobre la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no había sido informado de la presencia de personal estadounidense en territorio mexicano y el secretario de Seguridad. ¿Cómo es posible, entonces, que supuestos agentes de la CIA estuvieran participando activamente en un operativo contra un cártel en Chihuahua?
La información ha sido confusa, contradictoria y opaca. Este incidente no solo pone en duda la narrativa oficial de “no injerencia”; genera sospechas legítimas sobre el grado real de autonomía que tiene el Estado mexicano frente a las presiones estadounidenses en materia de seguridad.
Estos tres actos, ocurridos en cuestión de días, evidencian los problemas de seguridad. México merece lo mejor, y es que el pueblo, aunque ha demostrado una y otra vez su resiliencia, no puede seguir pagando la ineficiencia de sus autoridades. Es hora de que todas las instancias asuman con seriedad su responsabilidad y que informen con honestidad y oportunamente.
