La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha publicado un documento dentro de su colección de Aportaciones para la política pública denominado “Financiamiento”, que fue elaborado con la participación de 10 instituciones públicas. Menciono que estuve entre los participantes.
Surgió de la preocupación que se tiene por la escasa -y en términos reales cada vez menor- inversión en educación superior, y ante ello, se hizo un análisis y se plantean propuestas, porque de lo que se trata es de lograr un mayor apoyo a este segmento tan importante de la educación en México. Comentaré algunos datos que, a mi juicio, muestran con claridad la situación actual.
Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario realizar un esfuerzo adicional en educación superior y, agregaríamos, en ciencia y tecnología, para estar a la altura de lo que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México presenta un gasto promedio cinco veces menor al de Estados Unidos y 3.7 veces menor al de Canadá.
Por su parte, la SEP ha estimado que la tasa de cobertura en educación superior para el ciclo 2024-2025 se ubicará en 45%, lo cual es 10 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida en el PND: 55% para 2030. Esto, de por sí, es preocupante y no nos coloca bien, no digamos frente a nuestros vecinos del norte, sino incluso frente a países latinoamericanos como Brasil, que ya tiene 60%; Uruguay, 76%; y Chile y Argentina que tienen ya 100%.
Desde el punto de vista jurídico estamos muy bien, en el sentido de que, si se cumpliera con lo que se ha aprobado, estaríamos siendo uno de los líderes en el continente en este sector, pero la realidad indica otra cosa.
Se reformó la Constitución en 2019 para que en el artículo tercero se incluyera que el Estado debía garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, y debería también garantizarse el financiamiento con recursos suficientes y sostenibles, estableciéndose un Fondo Federal Especial para garantizar los recursos en el largo plazo.
Se reformaron la Ley General de Educación, para también establecer que la obligatoriedad de la educación superior le corresponde al Estado; la Ley General de Educación Superior, para que en el Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación se constituyera un Fondo Federal Especial destinado a asegurar, en el largo plazo, los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, así como la plurianualidad de la infraestructura.
Pues bien, después de más de seis años de estar en vigencia dichos artículos, y estando en el gobierno un partido del mismo partido que promovió las reformas, nada se ha cumplido.
Y lo que es peor, a raíz de estas reformas, en varias universidades estatales los estudiantes, con razón, se han amparado para no cubrir las cuotas que normalmente piden dichas instituciones ante la escasez de recursos, y los juzgados le están dando la razón a los quejosos. Es decir, el incumplimiento del gobierno adicionalmente está afectando a las instituciones públicas de educación.
En 2024, la ANUIES recopiló las cifras necesarias para determinar lo que implicaría materializar la obligatoriedad y la gratuidad. El resultado fue claro: se requieren 24,700 millones de pesos; 14,300 millones para cubrir la gratuidad y 10,400 millones para ampliar la cobertura y garantizar la obligatoriedad.
Como es obvio, no sería fácil que de un día para otro se dispusiera de esos recursos. Pero lo que sí es perfectamente posible es que, al menos de manera gradual, se avance hacia la cifra mencionada. Porque, después de tanto tiempo sería básico hacerlo, si en verdad la educación superior es un tema prioritario. Y esto es importante si consideramos que están involucrados más de 5 millones de jóvenes.
