A diferencia de las leyes ordinarias, que expresan la voluntad de las mayorías existentes; las normas electorales determinan cómo se construyen, se transforman o se sustituyen esas mayorías. Por ello, cualquier reforma en esta materia debe evaluarse no por la coyuntura política que la impulsa, sino por su impacto en la alternancia y en la calidad de la competencia democrática.
En este contexto, el pasado 15 de enero, la presidenta Sheinbaum anunció los ejes de la reforma electoral que prepara su gobierno: reducción de costos, ajustes a la representación proporcional, fortalecimiento de la democracia participativa y modificaciones en rubros como el voto en el extranjero, la fiscalización y el número de regidores. En abstracto, ninguno de estos objetivos es ilegítimo. Sin embargo, el debate no puede quedarse en las formulaciones generales. La cuestión central es el diseño específico de la reforma, los incentivos que generará y el entorno institucional en el que habrá de operar.
Sin embargo, es importante recordar que durante el sexenio pasado, el entonces presidente López Obrador impulsó una agresiva reforma electoral (el llamado “Plan A”), que proponía desaparecer al INE, sustituirlo por un nuevo instituto nacional, eliminar órganos electorales locales y modificar sustancialmente el financiamiento de los partidos. Al no alcanzar la mayoría calificada necesaria, en el Congreso el presidente optó por una reforma meramente legal, y promovió el denominado “Plan B”, mismo que fue posteriormente invalidado por la SCJN debido a vicios graves en el procedimiento legislativo y por afectar principios constitucionales. Estos son los antecedentes que definen el contexto actual.
Así, la reforma que ahora se anuncia no surge en un vacío institucional, sino en un escenario marcado por intentos previos de reconfiguración profunda del sistema electoral y por una confrontación abierta entre poderes. Cualquier nuevo rediseño electoral debe, por ello, analizarse con rigor.
Particularmente delicado es el tema de la representación proporcional. Se ha planteado modificar el método de selección de legisladores plurinominales para evitar que las listas queden exclusivamente en manos de las dirigencias partidistas. La crítica a la opacidad interna es atendible. No obstante, la representación proporcional no constituye un privilegio burocrático, sino un mecanismo correctivo destinado a impedir que el sistema mayoritario distorsione la pluralidad social y a garantizar la presencia efectiva de las minorías en el Congreso.
A ello se suma el problema de la sobrerrepresentación. En procesos recientes, la mayoría legislativa ha superado de manera significativa el porcentaje real de votos obtenidos, mediante reglas de asignación y estrategias de coalición. El fenómeno no es meramente aritmético, sino estructural: amplifica artificialmente a la mayoría, reduce el peso político de las minorías y tensiona el principio de pluralismo. Si la reforma pretende fortalecer la democracia, debe abordar este punto sin ambigüedades, revisando con rigor los mecanismos de asignación y asegurando que los límites constitucionales se apliquen conforme a su finalidad.
El debate en torno a la reforma electoral no puede reducirse a una falsa disyuntiva entre inmovilismo y rediseño total. El sistema vigente presenta problemas reales (listas cerradas y poco transparentes, incentivos a la sobrerrepresentación, debilidades en la fiscalización oportuna, etc.), pero reformarlo desde la lógica de la mayoría dominante y sin consenso plural entraña un riesgo mayor.
Las reglas electorales son garantías institucionales para la alternancia futura, no pertenecen a quien gobierna. De suerte que para que la reforma electoral logre legitimidad, la misma debe ser aprobada como resultado de una amplia deliberación pública, más allá de cumplir con los requisitos formales.
En suma, la gran pregunta no es cuánto nos vamos a ahorrar, ni cuántos cargos se van a modificar; sino más bien, saber si el nuevo diseño electoral preserva (o destruye) el equilibrio institucional que hace posible la competencia democrática. En materia electoral, la responsabilidad constitucional frente al futuro democrático del país nos obliga a ser prudentes.
