Por primera vez en la historia moderna de México, la ciudadanía fue convocada a las urnas para decidir directamente sobre la conformación del Poder Judicial. La elección del 1º de junio de 2025, que incluyó 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas del Tribunal Electoral y 881 cargos judiciales, marca un antes y un después en la relación entre justicia y democracia en nuestro país. Pero lo hace en medio de un torbellino de expectativas, críticas, oportunidades y advertencias.
La cifra que más ha hecho eco tras la jornada es contundente: apenas entre 12.57% y 13.32% de la ciudadanía emitió su voto. Más allá del dato duro —unos 13 millones de personas—, el número refleja una polarización profunda. Para el oficialismo y quienes impulsaron esta reforma, la elección fue un logro histórico que devuelve al pueblo una potestad que no ejercía desde hace más de un siglo. Para críticos y analistas independientes, la baja participación es síntoma de desinformación, desconfianza y apatía, y constituye una señal de alerta sobre la legitimidad democrática del nuevo modelo judicial.
No faltaron las voces que calificaron el ejercicio como una “simulación” o incluso una “farsa institucional”. La falta de conteos rápidos, la no implementación del PREP, el diseño complejo de las boletas y la ausencia de información clara para los votantes alimentaron una percepción de opacidad que ni siquiera la transparencia del escrutinio distrital pudo contrarrestar del todo.
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La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, saludó el proceso como un “hecho histórico” que refuerza la voluntad popular. En contraste, los partidos de oposición no lograron capitalizar el descontento ciudadano ni posicionar candidatos competitivos, lo que los deja como los principales derrotados de esta etapa fundacional del nuevo Poder Judicial.
Desde el ámbito institucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) y su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, protagonizaron uno de los esfuerzos logísticos más complejos del sistema electoral contemporáneo. A pesar de operar con un presupuesto 52% inferior al requerido, el INE instaló el 99.98% de las casillas, diseñó mecanismos innovadores para el flujo de votación y desarrolló un sistema de cómputo auditable y robusto. No obstante, al INE se le acusa de haber validado un proceso desigual, marcado por coacción del voto y violencia localizada, como los robos de paquetes en Chiapas.
Más allá de las cifras y los nombres, lo que está en juego es la arquitectura de la justicia mexicana. Las y los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen, en promedio, 20 años menos de experiencia que sus antecesores. Muchos no cuentan con posgrados ni trayectorias robustas en la judicatura. Esto representa una ruptura generacional, sí, pero también un riesgo institucional: la posibilidad de que la autonomía judicial se vea comprometida por lealtades políticas o fragilidad técnica.
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La elección judicial de 2025 no puede ser evaluada en blanco y negro. Fue un ejercicio inédito, valiente, y necesario en el contexto de una sociedad que exige justicia cercana, transparente y efectiva. Pero también fue un proceso accidentado, apresurado y fuertemente cuestionado.
A partir del 15 de junio, cuando se oficialicen los resultados, comenzará la verdadera prueba de fuego: demostrar que esta elección no fue un experimento fallido, sino el primer paso hacia una justicia al servicio de las personas. Para ello, se requerirá algo más que votos: integridad, capacidad y auténtica independencia judicial. Pronto lo sabremos.
